Cierval exige a la Generalitat los 25 millones que le debe y le acusa de dedicar los fondos de formación a otros pagos

Dice que no tienen "ningún compromiso firme" del Consell sobre plazos de pago pero cree que "no va a hacer falta" recurrir a los tribunales
González (Cierval) En La Rueda De Prensa, Entre Navarro Y Roca.
González (Cierval) En La Rueda De Prensa, Entre Navarro Y Roca.
EUROPA PRESS
González (Cierval) En La Rueda De Prensa, Entre Navarro Y Roca.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha exigido a la Generalitat los 25 millones de euros que le debe, 14 correspondientes a fondos finalistas para impartir formación en 2010 y 2011 y el resto, por otros proyectos como los de prevención de riesgos laborales. Además, ha acusado al Consell de ingresar esas cantidades para formación que percibe "puntualmente" del Estado cada trimestre "en la caja única que se utiliza para todo tipo de pagos", en lugar de saldar sus deudas con las organizaciones empresariales.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité ejecutivo de Cierval, en la que ha valorado que el Gobierno facilite los pagos a proveedores, pero ha cuestionado que "haya excluido de ese plan de pagos a las organizaciones empresariales", pese a ser "canalizadores eficientes de servicios a las empresas" y "proveedores como los demás a efectos de cobrar".

"Hasta ahora nosotros no hemos obtenido ningún compromiso firme por parte de la Generalitat estableciendo un calendario de pagos", ha aseverado González, quien reclama que esa cuestión "se solucione con rapidez" porque "podría poner en peligro" la existencia de las patronales e incluso "acabar con el modelo de interlocución social que tanto ha contribuido a la concordia y a la paz social".

No obstante, ha destacado que gozan de una "interlocución privilegiada y cordial" con el Consell y han abordado ese tema "muchas veces" y "a todos los niveles", pero la respuesta ha sido siempre que "se va a arreglar" y ellos se deben a las empresas y por tanto, deben reclamar esa deuda. "Lo normal es pagar", ha subrayado González, quien asegura que "todavía" no se han planteado recurrir a los tribunales porque confían en que "no va a hacer falta".

Sobre esa cuestión, ha recalcado que se trata de "dinero finalista que corresponde a trabajos que han sido aprobados, encomendados, ejecutados, justificados y pagados", para lo que han tenido que recurrir a créditos bancarios con los correspondientes intereses.

"es dinero de las empresas y de los trabajadores"

Ha reivindicado, en este sentido, que sólo reciben fondos para impartir formación a los trabajadores que si bien "desde un punto de vista legal y oficial" se consideran subvenciones, "es dinero de las empresas y en menor medida de los trabajadores", quienes aportan cada mes el 0,6 por ciento de la nómina de su plantilla y un 0,1 por ciento de su sueldo, respectivamente, y "nada tiene que ver con los presupuestos de la Generalitat". Además, ha remarcado que esos fondos sólo pueden dedicarse a formación, y en ningún caso a otras cuestiones como los gastos de funcionamiento de estas organizaciones.

González ha insistido en que el Ejecutivo estatal "remite puntualmente cada trimestre" a la Generalitat la cantidad recaudada para que lo destine a los cursos "justificados y pagados" previamente por las organizaciones empresariales y sindicales, pero "lo que sucede en la práctica, en estos dos últimos años, es que ese dinero va a parar a una caja única y a partir de ahí, la Generalitat hace los pagos que considera conveniente" y en estos momentos, les debe "sumas muy importantes" de 2010 y 2011, unos 14 millones de euros.

Además, se ha mostrado dispuesto a participar en "cualquier debate que permita mejorar el sistema" mediante la supresión de "burocracias innecesarias" y el control de los resultados de esa oferta formativa, pero no a aceptar que se diga que viven "de una cosa que alguien llama subvenciones" y que "en realidad —ha dicho— es nuestro dinero, que hemos pagado previamente para hacer formación, y no para ninguna otra cosa, y que además no cobramos puntualmente".

González ha cuestionado asimismo que el anteproyecto de ley de Participación hable de supeditar el cobro de actividades de formación a que un número determinado de asistentes encuentre empleo tras los cursos y ha reiterado que, de ser así, "también tendrían que aplicárselo a las escuelas de formación profesional (FP), a la universidad y al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), cuya principal ocupación es colocar a los trabajadores parados".

Apoyo de consell y bancos a las sgr

Al Consell, también le reclama que cumpla su compromiso de acudir a la ampliación de capital de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que son "un instrumento de apoyo importantísimo para el tejido empresarial valenciano" que necesita "reponer una estructura de capital que permita garantizar su supervivencia" y tener "músculo" suficiente para poder ayudar a las empresas que lo necesiten. En esa tarea, exige que participen asimismo las entidades financieras, que han visto minimizados los riesgos asumidos gracias a esas entidades.

De cara al futuro, Cierval aboga por preocuparse tanto de lo urgente como de lo importante y, en este sentido, urge a poner en marcha la Estrategia de Política Industrial aprobada en 2010 y a, entre todos, modificarla y priorizar las cuestiones más acuciantes.

En otro orden de cosas, en cuanto a la huelga general convocada para el día 29, ha remarcado su respeto a ese derecho constitucional, pese a creer que "no es lo más oportuno en este momento", y ha pedido "que se cumpla la ley y se informe a los trabajadores".

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