Las ocho personas detenidas la pasada semana en relación con la pieza separada relativa a posibles alteraciones del catastro, enmarcada en el caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, quedaron en libertad bien por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, encargado de la causa, o bien tras declarar en la Guardia Civil, cuerpo que ha llevado la investigación.

Los arrestado por el instituto armado en esta pieza separada fueron el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, el exjefe del Servicio de Arquitectura de Diputación de Málaga José Mora, un abogado -los tres detenidos en 2009 en la primera fase—; el exsecretario municipal de Alcaucín, un promotor inmobiliario, un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial de la institución provincial y dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga.

Así, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, de los ocho detenidos, dos quedaron en libertad tras declarar ante los investigadores de la Guardia Civil, y otros seis pasaron a disposición judicial el viernes y todos quedaron en libertad con cargos. A cinco arrestados, entre ellos el exregidor y el arquitecto, no se les impuso fianza, aunque respecto al abogado se está pendiente de si se le impone fianza.

En general, se imputan delitos de falsedad, cohecho, estafa, prevaricación y prevaricación urbanística. En esta pieza separada, declarada secreta, la Benemérita investiga la presunta modificación del catastro a cambio de comisiones. Supuestamente, "hacían creer a ciudadanos interesados en adquirir el suelo, muchos extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal".

Los investigadores sostienen que las pesquisas han permitido desarticular una supuesta trama "compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación, coordinados por un abogado". Éstos, presuntamente, "modificaban las bases de datos del Catastro, con la finalidad de introducir información falsa o engañosa".