La cata en busca de hidrocarburos en Canarias autorizada este viernes por el Consejo de Ministros tardará al menos entre año y medio o dos años en realizarse, pues Repsol tiene que enfrentarse a todo un proceso de presentación de informes, preparación de proyecto y aprobación del estudio de impacto medioambiental, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

Para empezar, Repsol tiene que realizar un estudio de impacto ambiental que debe ser pasado por consulta, primero entre las instituciones interesadas o afectadas por esta decisión, y luego pública, donde todos los interesados podrán hacer recomendaciones o sugerir correcciones al informe.

Ese estudio debe ser adaptado con los cambios y pasar la aprobación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dirigido por Miguel Arias Cañete, que tendrá que emitir una declaración de impacto ambiental.

La normativa española recoge multas de hasta 2,4 millones de euros en caso de que se compruebe ocultación de datos durante este proceso, con una escala de leve a muy grave y multas que van desde los 24.040,49 euros a los 2,4 millones citados anteriormente.

También en ese caso se puede decretar la suspensión de la ejecución del proyecto. Entre los motivos de infracción están también el iniciar cualquier procedimiento sin la correspondiente declaración de impacto ambiental.