El Ayuntamiento de Córdoba prevé saldar más de 7.200 facturas pendientes con más de 1.200 proveedores con un montante de unos 25,6 millones de euros, acogiéndose a la normativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la que destina unos 35.000 millones de euros para toda España.

Según ha informado en rueda de prensa el edil de Hacienda y Gestión del Consistorio cordobés, José María Bellido (PP), ya se ha transmitido al Ministerio la lista completa de las facturas pendientes de pago tanto por parte del Ayuntamiento como de las empresas municipales y organismos autónomos antes del 31 de diciembre.

En total, se han contabilizado 7.265 facturas adeudadas a 1.218 proveedores, que suman un valor cercano 25,6 millones de euros, concretamente solo el Consistorio cuenta con 5.485 facturas de 946 proveedores a los que adeuda una cantidad de 17,4 millones.

Al respecto, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno la gestión de un crédito de 23,8 millones al cinco por ciento de interés y a pagar en diez años; mientras que el resto lo abonará la administración local con fondos propios.

En este sentido, Bellido ha destacado que "se ha hecho un esfuerzo muy importante para tener a tiempo" la información e indica que el Consistorio va a "soportar ese esfuerzo de carga financiera para que puedan cobrar de inmediato los proveedores en el mes de mayo", al tiempo que considera que "Córdoba va a quedar muy bien situada" respecto a otras ciudades en cuanto a la deuda con proveedores.

Pagos a partir del 1

De mayo

Tras el envío al Ministerio de las distintas facturas, se va a poner en marcha una oficina y una página web de información para los proveedores y se empezará a trabajar en el plan de ajuste, que obliga a presentar el Real Decreto Ley, antes del 31 de marzo. Se espera que el mecanismo de pago entre en funcionamiento el 1 de mayo.

Para ello, un gran número de entidades financieras, con la colaboración del Instituto de Crédito Oficial (ICO), garantizarán un crédito sindicado por valor de 35.000 millones de euros que las haciendas locales deberán devolver en un plazo máximo de diez años, con dos ejercicios de carencia al cinco por ciento de interés.

El Estado avalará a los ayuntamientos que, para poder acogerse a la medida, deberán presentar una relación de facturas pendientes de pago y un plan de saneamiento en el que se recojan las medidas para recuperar la estabilidad financiera. En caso de incumplirlo, el Gobierno podrá retener las transferencias correspondientes.

No obstante, el decreto incluye también medidas como el pago preferente a las empresas que hagan quitas de sus deudas. Las comunidades autónomas también contarán con un mecanismo similar.