El sindicato CCOO ha exigido al consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, una reunión para tratar de solucionar los impagos que sufren las cerca de 1.500 empleadas de las contratas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el secretario regional de este sindicato, José Luis Gil, durante una asamblea de delegados de las plantillas de las empresas adjudicatarias de la limpieza de hospitales, centros sanitarios y dependencias del SESCAM, que ha tenido lugar en Toledo.

En este marco, Gil ha criticado la actitud "impresentable" del Gobierno regional y ha alertado de la situación "dramática" de muchos de estos empleados, en su mayoría mujeres, que con su "generosidad y su esfuerzo" están manteniendo muchas prestaciones sociales a pesar de no cobrar.

Por ello, y al ver que "los consejeros del ramo no resuelven los problema", ha dicho Gil en referencia al responsable regional de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha reclamado al portavoz del Ejecutivo regional un encuentro, confiando en que Esteban, "muy dado a titulares vanos", atienda a este situación.

"Si no, sería un desprecio absoluto a los 1.500 empleados que sufren esta situación y un motivo más para que la huelga general del próximo 29 tenga sentido y sea secundada", ha manifestado.

Las empresas no reparten beneficios

A juicio de Gil, "no es razonable" que en épocas de expansión económica estas empresas no repartieran sus beneficios con los empleados y ahora les pidan un "esfuerzo" porque las cosas "no van bien".

"Hay motivos para enfrentarnos a la patronal del sector y al Gobierno regional y convencer al conjunto de trabajadores de que no se puede hacer nada de forma unilateral que no hayamos previamente compartido para que no nos debilitemos", ha concluido Gil.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CCOO Castilla-La Mancha, Remedios Toboso, ha indicado que estos empleados soportan desde hace casi un año esta situación, que se puede agravar si las empresas adjudicatarias ejecutan "los recortes que les exige el SESCAM".

Para ello, ha dicho Toboso, las empresas, por exigencia del Gobierno regional, podrían aumentar la jornada de estas trabajadoras o recortar sus salarios, que en la actualidad oscilan entre los 400 y los 800 euros, pues muchas de los empleados tienen contratos a tiempo parcial.