Las relaciones sexuales entre el funcionario y la interna comenzaron en noviembre de 2005 en el propio centro penitenciario, donde presuntamente mantuvieron un número indeterminado de relaciones sexuales consistentes en felaciones, a requerimiento del procesado. Según recoge el escrito de acusación provisional del ministerio público, éste se valió de su condición de funcionarios y de la situación mental de la mujer.

Tras el mes de noviembre de 2005, la reclusa, que cumplía una pena de 10 años de internamiento por un delito de homicidio —en el que el tribunal había apreciado una eximente de esquizofrenia paranoide—, comenzó a disfrutar de salidas tuteladas, durante las cuales dormía en una casa de acogida de la comarca de l'Alacantí.

En dichas salidas, y en al menos tres ocasiones, el acusado esperó a la reclusa para desplazarse con su coche a lugares fuera de Alicante, donde supuestamente continuaron las mismas relaciones sexuales en el turismo. A principios de 2009, presuntamente pasaron a producirse mediante penetración vaginal.

A finales de ese mismo año, la dirección del centro tuvo conocimiento de esta situación, y la mujer informó a la juez y fiscales de Vigilancia Penitenciaria en el expediente abierto contra el procesado por estos y otros hechos.

El ministerio público, en su escrito de acusación provisional, considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos de agresión sexual y de un delito del artículo 443.2, por los que pide para el acusado una pena total de 17 años y medio de prisión.