La Junta de Andalucía ha acusado al PP-A de "intentar manipular" el dictamen del Consejo Consultivo dado a conocer este martes porque, a diferencia de lo expuesto por la portavoz 'popular' Rosario Soto —quien ha dicho que con él se demuestra que las subvenciones de la Consejería de Empleo con cargo a la partida presupuestaria 31L "se repartían sin ningún tipo de procedimiento administrativo"—, se trata de un texto "que confirma que la Junta está actuando correctamente para recuperar el dinero de las irregularidades".

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a Europa Press que este dictamen se "hace a instancias de la Consejería de Empleo y como consecuencia de su oposición a abonar subvenciones irregularmente concedidas" por el que fuera director general de la Dirección General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. "Se trata de una revisión de oficio acordada en septiembre de 2011 de cuatro resoluciones dictadas por Guerrero entre 2005 y 2007", defiende la Administración autonómica.

Es por ello por lo que desde la Junta se insiste en que, mientras ella "trabaja para que avance la investigación y para conseguir reparar el daño ocasionado, el PP solo enreda y manipula en busca de réditos electoralistas".

Según las citadas fuentes, el dictamen del Consultivo "da la razón a la Junta en esta actuación y confirma que no procede abonar la subvención", siendo ésta, pues, la "tercera ocasión en muy poco tiempo en que la Junta obtiene un pronunciamiento favorable en este terreno, incluyendo dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". Además, indican que este dictamen "desmonta las declaraciones de Guerrero en las que insistía en que había instruido correctamente los expedientes".

"Se demuestra que, ya en 2008, la Intervención General informa de que no tenía rastro del expediente sobre el que se reclamaba el pago, lo que hace todavía menos creíble que se trate de una desaparición. Además, la empresa reclamante no ha aportado en el proceso de audiencia y alegaciones copia de esos documentos que probaran la existencia de un procedimiento correcto", argumenta el Gobierno andaluz.

En este sentido, se recalca que es "falso que de esas actuaciones de 2008 pueda deducirse que se conocía la existencia del fraude", ya que se trata de un "caso puntual de una reclamación que hace una entidad financiera para el cobro de un endoso, sin que de ahí permita deducir nada más". En su defensa, la Administración autonómica alega que, "a la inversa, se comprueba cómo los filtros administrativos de la Junta de Andalucía funcionaron y cómo el Gobierno ha sido diligente y puso en marcha el proceso de revisión en cuanto se tuvo noticia de la existencia de fraude en 2011".

"Toda la información sobre la irregularidad de ese proceso de subvenciones a la empresa en cuestión ha sido facilitada por la Junta al juzgado por dos vías: la aportación de los expedientes y el informe presentado en octubre de 2011 sobre la trama de empresas de la zona norte de Sevilla, así como un segundo escrito posterior de enero de 2012", concluyen las mismas fuentes.