El juez del caso de la exalcaldesa de Albaida reclama documentación al Ayuntamiento

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha reclamado al Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, abundante documentación sobre la licencia concedida a la sociedad 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.', bajo el mandato de la socialista Soledad Cabezón, para levantar nueve viviendas. La documentación solicitada se enmarca en las diligencias incoadas contra la ahora exalcaldesa y la secretaria interventora del Ayuntamiento, por la supuesta denegación de una licencia de segregación pese a que, en el pasado, este consistorio habría autorizado licencias en iguales circunstancias.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha reclamado al Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, abundante documentación sobre la licencia concedida a la sociedad 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.', bajo el mandato de la socialista Soledad Cabezón, para levantar nueve viviendas. La documentación solicitada se enmarca en las diligencias incoadas contra la ahora exalcaldesa y la secretaria interventora del Ayuntamiento, por la supuesta denegación de una licencia de segregación pese a que, en el pasado, este consistorio habría autorizado licencias en iguales circunstancias.

En estas diligencias, de hecho, la secretaria interventora figura como imputada y el juzgado está pendiente de resolver sobre la imputación o no de la exalcaldesa de este municipio y actual diputada del PSOE Soledad Cabezón.

La causa

Las diligencias en cuestión, según un auto emitido el 6 de octubre de 2011 y recogido por Europa Press, obedecen a la denuncia promovida contra la exalcaldesa Soledad Cabezón por un exconcejal, dada la resolución supuestamente emitida el 7 de marzo de 2011 por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe denegándole, siempre supuestamente, una licencia de segregación sobre unos terrenos de este municipio. Y es que en su denuncia, esgrime este exedil que en los mismos términos, pero en 2004, el Consistorio otorgó presuntamente cinco licencias de similar naturaleza en favor de la compañía 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.' e incluso en 2003, hizo lo propio a favor "de otras personas físicas".

A cuenta de tales hechos, el denunciante atribuye a la exalcaldesa al menos un delito de prevaricación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor, de cualquier modo, ha ordenado que la secretaria interventora del Ayuntamiento, María Trinidad M.T., preste declaración como imputada al haber elaborado "el informe sobre el que se cimentó" la supuesta resolución denegatoria de la licencia reclamada por el denunciante.

En cuanto a Soledad Cabezón, diputada socialista, esta instancia judicial pidió a la Fiscalía que "informe de qué órgano resulta competente para la instrucción de la causa contra la señora Cabezón", supeditando finalmente a un informe de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio "el sobreseimiento de la causa o la imputación" de la exalcaldesa y de otras dos personas más afectadas por la denuncia inicial.

Nuevas diligencias y confirmada la imputación de la secretaria

A través de una providencia fechada el 31 de enero de 2012 y recogida por Europa Press, el juez ordena al Ayuntamiento de Albaida la entrega de numerosos documentos como la solicitud y el otorgamiento de la "licencia de urbanización" concedida a 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.' para edificar nueve viviendas, así como una "certificación" de la fecha de formalización del correspondiente proyecto de reparcelación. En la misma línea, solicita el juzgado los informes municipales emitidos en cuanto al sector I del plan parcial 'La Zahurda'.

A través de un auto posterior emitido el pasado 3 de febrero, de otro lado, el juez Jaime David Fernández, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar, desestima el recurso de reforma promovido por la secretaria interventora para pedir el sobreseimiento de las actuaciones judiciales emprendidas en su contra. Desde la perspectiva del juez, en los hechos "pueden detectarse, al menos indiciariamente, determinadas irregularidades en la tramitación y decisión del procedimiento incoado para resolver la petición de licencia de segregación", toda vez que "en los referidos trámites ha tenido intervención" la secretaria interventora.

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