El Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla), gobernado por Jesús Manuel Martínez (PP), ha acordado "por unanimidad" de su Corporación municipal, que el secretario interventor y el tesorero auditen o indaguen las subvenciones percibidas a manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y cuya devolución reclamaría ahora la Consejería de Empleo. El pleno del Consistorio de Guadalcanal ha acordado igualmente, y también por unanimidad, un rotundo "rechazo" a devolver tales subvenciones.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de corrupción cuyo eje gira en torno a las subvenciones financiadas a través de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Y es que mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros en concepto de ayudas con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al propiciar que los libramientos eludiesen la preceptiva fiscalización.

Guadalcanal y la partida 31L

En este marco, el PP había alertado de que la Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento de Guadalcanal la justificación de ayudas por valor de más de 350.000 euros percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L y con destino a la organización de la feria de muestras de este municipio de la Sierra Norte durante el mandato del socialista Carmelo Montero. "El dinero fue usado sin control ni justificante", sospechan los populares.

El alcalde, Jesús Manuel Martínez (PP), ha informado a Europa Press de que, dados los datos hechos públicos, el Grupo popular propuso la creación de una "comisión de investigación" sobre los ingresos percibidos por el Ayuntamiento de Guadalcanal procedentes de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y del IFA, abogando además por el "rechazo" a la devolución de tales subvenciones para que fuesen los responsables de los hechos investigados quienes corran con las consecuencias económicas.

Acuerdos por unanimidad

No obstante, los acuerdos alcanzados "por unanimidad" en el seno del pleno del Ayuntamiento de Guadalcanal, a cuenta de las modificaciones propuestas por el Grupo socialista, aluden "no a la creación de una comisión política" sobre estas ayudas, pues serán "el secretario interventor y el tesorero del Consistorio quienes "auditen" o indaguen todo lo relativo al ingreso y justificación de estas subvenciones. También se ha aprobado, sencillamente, el "rechazo" frontal a devolver el importe de las ayudas señaladas.