La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha recibido una grabación sobre supuestas irregularidades que pudieron cometerse en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta.

Según informan varios medios andaluces en sus ediciones de este lunes, el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, ha hecho llegar a la magistrada la grabación de una conversación en la que, presuntamente, la presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas, a lo que éste se niega.

En dicha conversación grabada, donde se hace alusión a la auditoría que a principios de 2011 estaba realizando la Cámara de Cuentas, Gómiz le pide a Cantos que realice informes "pasados", es decir, expedientes nuevos sobre empresas que ya han recibido fondos para justificar que la inversión era correcta, al tiempo que le ordena que realice otros con datos falsos.

Es el caso concreto de una compañía, en la que Invercaria invirtió más de un millón de euros, y Gómiz le pide al exdirector de Promoción que redacte una propuesta de inversión con una rentabilidad del 15%, a lo que se niega con rotundidad porque "no es cierto". Ante esta situación, la presidenta de Invercaria le llega a manifestar: "No me sirves como trabajador de Invercaria". La advertencia acabó con el despido de Cantos.

En la grabación Gómiz también afirma que, supuestamente, el Consejo de Administración de Invercaria "sabe perfectamente que es lo que hay aquí, que informes no hay, que informes faltan y que empresas son problemáticas". Como conocedora de la situación, llega hasta el extremo de afirmar: "Si me comprometo con la ética no estaría en esta organización".

Esta grabación fue presentada por Cantos como prueba ante el Juzgado de lo Social el pasado 13 de febrero con motivo de su despido de Invercaria con el objetivo de demostrar las presiones a las que se vio sometido durante su estancia en la agencia desde principios de 2011 hasta el 29 de junio de ese mismo año, fecha en la que se materializó su despido. Con posterioridad dio traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el que recae la investigación del caso de los ERE.

El PP-A viene denunciando en las últimas semanas la existencia de un "segundo fondo de reptiles" vinculado a la empresa Invercaria a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el procedimiento para la concesión de los préstamos por la ausencia de criterios que fijara los requisitos que deben reunir los beneficiarios y alertaba sobre la presencia de personas en plantilla que aun recibiendo retribuciones mensuales "no prestan de forma justificada sus servicios".