También, nerviosa y emocionada. Así esperó ayer Carmen Hernández, de 41 años, la orden de desahucio en su piso de Triana, en Sevilla, su techo en régimen de alquiler (pagaba 210 euros) durante casi 20 años. Sin mostrar resistencia, dice que se va a vivir con su hermana y pide a Urbanismo un piso que pueda pagar con su sueldo de limpiadora.

Carmen entró en la calle Pureza en 1985, pero no fue hasta 1986 cuando el dueño le hizo un contrato. «Es una víctima del decreto Boyer. No se la puede considerar de renta antigua porque no ha cumplido los 20 años de alquiler», explica un representante de La Liga de Inquilinos La Corriente. La asociación exige que se haga tan efectivo el deber de rehabilitar la casa, ordenado hace dos años por Urbanismo, como el desahucio, ejecutado en siete meses.