La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado por segunda vez a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que cite a declarar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, ambos imputados en la causa, todo ello al objeto de "avanzar" en la investigación.

En un escrito elevado este mismo viernes ante el Juzgado instructor, consultado por Europa Press, Anticorrupción recuerda que, por medio de un auto dictado el pasado día 22 de febrero, la magistrada estableció un calendario de declaraciones de algunas de las personas imputadas que guardan relación "con los pagos efectuados" o que trabajaron en Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y Río Grande.

En dicho auto, la juez citó a declarar al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; a su exchófer, Juan Francisco Trujillo; a responsables de Acyco, Surcolor y Aglomerados Morell; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, estos dos últimos 'intrusos' en el ERE de Calderinox.

Así, el fiscal solicita que "el calendario de declaraciones se amplíe al resto de las personas también imputadas y que participaron en todas o en algunas de las ayudas a tales empresas y a sus trabajadores", todo ello "con la finalidad de que la investigación —de estas piezas separadas— avance y vaya quedando en la medida de lo posible terminada". En el mismo punto, reitera "la práctica a la mayor brevedad posible de todas las diligencias de investigación ya pedidas" en el anterior escrito de 16 de febrero, "con especial mención lógica de aquellas que se refieren a las empresas ya señaladas".

Responsabilidad civil subsidiaria de las empresas

De otro lado, solicita que se comunique su condición de responsables civiles subsidiarios y fije fianzas a las empresas que percibieron ayudas públicas para que hagan frente a la devolución de las mismas en caso de que las personas "físicas" imputadas que "actuaron en su nombre y cuenta" no hagan frente a dichas cantidades. Así, pide que se comunique esta condición a Río Grande —a la que exige una fianza de 1.990.689,36 euros en caso de que la misma no haya sido abonada por la dueña de la empresa—, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell, CCOO, Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Cenforpre, Uniter, Vitalia Vida, y Asociación 3 de Julio, formada por extrabajadores de Acyco.

En este punto, recuerda que con respecto de las personas físicas imputadas que ya han prestado declaración "se han pedido o se pedirán mediadas cautelares reales", las cuales "también se podrán interesar y adoptar respecto de las personas jurídicas, en la misma comparecencia, una vez la persona física imputada haya declarado como tal en sede judicial".

Asimismo, y por considerarlo "necesario", solicita también que la magistrada requiera a los despachos de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís "para que aporten justificación documental del asesoramiento técnico/jurídico prestado y facturado de manera directa o indirecta a través de agencias públicas ligadas a la Junta y a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo".

Garrigues y estudios jurídicos villasís

También pide a la juez que requiera a ambos despachos para que "aporten justificación documental de todos los asesoramientos técnicos/jurídicos prestados y facturados a empresas o asociaciones en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a expedientes de regulación de empleo o planes de prejubilación parcial desde 2001 a 2011, así como a sus trabajadores".

El fiscal interesa a la juez que ambos despachos "aporten, en su caso, copia de los contratos de asesoramiento, facturas emitidas y cobradas e identidad del pagador, así como identidad de los asesores de los despachos en cada caso intervinientes".

"Con la misma finalidad", el Ministerio Público interesa que la Agencia Tributaria elabore un informe "sobre operaciones declaradas por las sociedades y despachos de letrados reseñados con otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos objeto de investigación, sociedades mediadoras —en particular Vitalia Vida y Uniter— y compañías de seguros que hayan formalizado pólizas objeto de investigación, así como a la propia Junta de Andalucía y entidades y agencias públicas dependientes de la misma".

Por último, solicita que "a la mayor brevedad" se convoque la comparecencia sobre medidas cautelares respecto de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid que habría percibido una póliza de 491.424,43 euros y a quien la juez imputa tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación, "quien ya prestó declaración en sede judicial, en donde se acogió a su derecho a no declarar".