El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la ley de medidas temporales en determinadas materias del empleo público en Galicia, que entrará en vigor este sábado y ratifica en su texto que se procederá a su revisión en el plazo de dos años "en función de la evolución del producto interior bruto real de Galicia y del ahorro primario de los presupuestos".

Esta ley, contestada con numerosas protestas por los empleados públicos y los sindicatos, aplica recortes en casos como la incapacidad temporal, puesto que el complemento se abonará en un 50% en los tres primeros días cuando se trate de la primera baja en el año por contingencias comunes —salvo si conllevan hospitalización o intervención quirúrgica— y en un 40% en la segunda baja. La tercera y consecutivas, no tendrán complemento esos días. Desde el cuarto día al vigésimo primero, se abonará el 75% del complemento y de ahí en adelante se ingresará completo.

En cualquier caso, mantienen el 100% los trabajadores de baja por enfermedad o accidente laboral, por maternidad o paternidad o por riesgo en el embarazo o en la lactancia.

Otro de los puntos que ha generado polémica es el que se refiere a la reducción de la jornada, que se propone para personal funcionario y laboral fijo de forma voluntaria. En el caso de los interinos y temporales, será el Consello de la Xunta el que tome la decisión de reducir hasta en un tercio la jornada, con el consiguiente descenso en las retribuciones, "teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio".

El texto insiste en que el acuerdo "determinará motivadamente el personal afectado y la duración de la medida, que no podrá ser superior a cinco años".

Además, fija que la jubilación se declara de oficio al cumplir la persona la edad legalmente establecida, aunque establece unos procedimientos para poder alargar la actividad, sobre lo que se decidirá en función de las necesidades del servicio y de las capacidades del solicitante.

Plus de altos cargos

Asimismo, la ley suspende el plus de altos cargos y establece la posibilidad de rebajar las retribuciones del personal directivo.

En la exposición de motivos, la ley señala que el objetivo del Gobierno gallego es disponer de "instrumentos que permitan conseguir una mayor eficiencia en los recursos públicos" y obtener una "mayor productividad de los recursos humanos". Justifica las decisiones por la "grave situación presupuestaria y la necesidad de reducir el déficit público", para conseguir una situación de equilibrio "sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales".

Rechazo de los empleados públicos

El texto argumenta que "los prontos cambios" en la situación económica obligan a actuar "con celeridad" y señala que "el carácter de la presente ley es temporal" y su vigencia está supeditada a "la subsistencia de las difíciles circunstancias económicas".

Los representantes de los empleados públicos, que han protestado todos los jueves desde que conocieron la propuesta de la Xunta, además de concentrarse ante el Parlamento con motivo del debate de la ley, continúan organizando asambleas para decidir si prosiguen con los actos.