La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional estudia en estos momentos la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), privatizar determinados servicios y cobrar tasas que a pesar de que existían nunca se recaudaron para dar viabilidad al SEMCA (Servicio Público de Emergencias de Cantabria, entidad pública dependiente de este departamento).

El departamento que dirige Leticia Díaz trabaja en un Plan de Viabilidad para esta sociedad regional, uno de los principales problemas que ha detectado la auditoría encargada sobre este órgano, cuyos resultados la consejera presentará el próximo lunes en una comparecencia en el Parlamento de Cantabria.

Díaz ha desgranado la situación de un servicio en el que el 90% de los costes eran de un personal con una tasa de absentismo del 13,7% (superior en un 67% a la media nacional), con deudas a proveedores (1,3 millones de euros en 2010 y 300.000 euros más en 2011).

Y ha puesto algunos ejemplos, como los gastos en mecheros, los costes por un asesoría jurídica de 18.000 euros anuales de la que no constan informes, o la adjudicación de un contrato a la empresa CRV de un contrato por 24.500 euros cuando el valor de mercado del servicio era de 2.000.

A esto ha sumado la práctica de dividir las facturas de los mismos servicios entre la empresa y la Dirección General de Protección Civil de este departamento para que los gastos parecieran menores, todo dentro de una gestión en la que ha apreciado indicios de "amiguismo" que ve "evidentes" en algunas contrataciones, señalado a su predecesor, Vicente Mediavilla.