Izquierda Unida de Camargo ha denunciado que el equipo de Gobierno (PP) "premia la estafa de Caixabank" al haber adjudicado a este banco el servicio de la gestión de tributos mediante una resolución adoptada en enero.

En un comunicado, IU ha señalado que Caixabank, perteneciente al grupo La Caixa, es una de las entidades responsables del "corralito español" de las participaciones preferentes, que se calcula que, según datos de ADICAE, afecta a unos mil vecinos de Camargo.

El portavoz municipal de esta formación, Jorge Crespo, considera este hecho "inaceptable" y de una "gravedad máxima". "¿Cómo podemos fiarnos los vecinos de Camargo de que la misma entidad que ha engañado presuntamente a cientos de familias del municipio va a gestionar de forma correcta el cobro de nuestros tributos municipales?", se ha preguntado.

Según el concejal de IU, "ahora no vale con limitarse a hacer una resolución en un Pleno en apoyo de los afectados, con la que nosotros estamos de acuerdo y a la que estoy seguro que todos los grupos se sumarán", sino que el equipo de Gobierno "tiene que tomar las riendas de este asunto porque, con su mayoría absoluta, ellos sí tienen la posibilidad de recuperar la gestión del cobro de tributos por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, Crespo ha anunciado que su grupo municipal realizará una propuesta en este sentido "porque la situación es sencillamente escandalosa".

La formación ya criticó duramente la privatización de este servicio porque, afirma, supone un gasto de 92.000 euros más durante esta legislatura, "además de un auténtico regalo a los bancos que han sido los causantes de esta crisis y que, no contentos con poner la economía mundial patas arriba, ahora han ido a por los más débiles; personas de más de 50 años que corren el riesgo de perder los ahorros que han obtenido a lo largo de toda una vida de trabajo".

Por otro lado, Izquierda Unida sigue analizando la posibilidad de emprender acciones legales, ya que la privatización de este servicio podría violar la Ley 57/2003 de medidas de Modernización de la Administración Local, que obligaría al Ayuntamiento a tener que asumir directamente la gestión de sus propios tributos. Además, existe jurisprudencia al respecto contraria a la privatización de los servicios de cobro tanto en período voluntario como por la vía ejecutiva.