La Fiscalía de Sevilla solicita ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público para el exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández, al que acusa de un presunto delito de prevaricación derivado de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando el imputado ostentaba el área municipal de Gobernación.

En un escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público relata que Fernández, como "responsable" del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla, adquirió de Iturri "en fecha no determinada pero inmediatamente anterior" al 15 de mayo de 2007 el equipamiento necesario para ocho vehículos autobombas del Cuerpo de Bomberos por un montante de 644.485 euros.

Según la Fiscalía, la adquisición de este equipamiento "se llevó a cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento" para la adquisición de bienes, "no se formalizaron pliegos de condiciones técnicas, no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a la posible compra, y tampoco existió la consignación presupuestaria correspondiente".

Decisión "arbitraria"

Por tanto, a juicio del Ministerio Público, todo el proceso se llevó a cabo "sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada", por lo que el exconcejal socialista "adoptó esa arbitraria resolución de adjudicación del contrato a Iturri a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para adquisición y contratación de bienes exigidas por la Ley".

El Ministerio Público pone de manifiesto que, para el reconocimiento de la deuda generada con Iturri por la adquisición del equipamiento de los ocho vehículos autobomba, tuvo que incoarse un expediente. Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado, que no ostenta actualmente cargo público alguno, ocho años de inhabilitación y el pago de las costas a cuenta de un presunto delito de prevaricación.

Hay que recordar que el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), que ejerce la acusación particular en este caso, pidió para Fernández seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, así como otros diez años de inhabilitación por un posible delito de prevaricación.

En estas diligencias también figuró como imputada la exconcejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día, Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que las contrataciones respondieron a un intento de resolver una "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos.