La alcaldesa de la localidad pontevedresa de Sanxenxo, Catalina González, ha manifestado este martes que el Gobierno de la localidad está "totalmente tranquilo", respecto del requerimiento presentado por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil para revisar una serie de expedientes urbanísticos en este ayuntamiento.

Acompañada por seis miembros de su Gobierno, González ha comparecido este martes en rueda de prensa para aclarar que "la Guardia Civil no ha irrumpido en el ayuntamiento de Sanxenxo" ni ha estado "llevándose expedientes de las oficinas", sino que, por orden del Juzgado de Cambados, presentó el pasado jueves un documento de diligencias previas con el que solicitar cinco expedientes urbanísticos —que en estos momentos "están revisando"—, respecto de los que se ha presentado una denuncia, para emitir un informe al respecto.

Por ello, la alcaldesa ha incidido en el que el Gobierno local está "muy tranquilo" respecto de que en esta localidad "pueda estar sucediendo alguna cuestión de corrupción urbanística", y ha asegurado que le produce "muchísima tristeza" que se pretenda "ligar una investigación administrativa" con "querer hacer ver" que Sanxenxo se pueda "equiparar" a ayuntamientos en los que se han detectado casos "de una trascendencia importante".

González ha explicado que han puesto a disposición de la Guardia Civil "los expedientes completos" de los cinco asuntos requeridos, puesto que los documentos con los que contaban, y que habrían sido presentados con las denuncias, denotan a su juicio "una cierta intencionalidad" y ofrecen una "información sesgada".

La regidora ha reconocido también la "complejidad" de estos asuntos en un municipio "urbanísticamente muy activo", ya que se están concediendo licencias al amparo de un Plan General de Ordenación del año 2003, ya que desde su aprobación han entrado en vigor "siete leyes distintas que hay que aplicarle".

Además, ha reconocido que pueden producirse "dudas" y "fallos", tanto por parte de los técnicos como de los políticos debido a esa actividad, pero al mismo tiempo ha recalcado que "nadie ha hecho del urbanismo un negocio" dentro del Gobierno local.

Tres denunciantes relacionados entre sí

González también ha indicado que el citado requerimiento viene motivado por las denuncias de tres personas, dos de ellas hermanas, y la tercera "muy vinculada a las otras dos". Según la alcaldesa, una de ellas "ha insistido por activa y por pasiva en obtener una licencia" para una vivienda, que González ha considerado "imposible", al no contar con acceso a la vía pública y encontrarse en suelo rústico.

Además, la misma persona también "ha solicitado" a la Xunta "que le quite al ayuntamiento las atribuciones de urbanismo para que le dé la licencia directamente".

A este respecto, la primera edil ha apuntado que una disposición adicional de la Louga, permite que "cualquier persona que vea una irregularidad, pueda denunciarla", lo que a su juicio "está muy bien", pero también permite que "determinadas personas" utilicen esta posibilidad "para intentar forzar a los gobiernos a conseguir licencias a las que no se tiene derecho".

Según González, esto ha motivado que se hayan requerido "más de 200 expedientes de urbanismo" en el Ayuntamiento, por diferentes personas, entre las que se encontrarían algunas que "han sido despedidas" de la Gerencia de Urbanismo "en los últimos días, y otras "a las que se han denegado licencias".

De hecho, ha augurado que estos "no son los últimos casos" a los que se enfrentará el Gobierno local, ya que hay "muchas más denuncias" presentadas por las tres personas anteriormente mencionadas y otras "de su entorno".

Por ello, ha reconocido que a pesar de que le parece "muy bien que todo el mundo tenga ese derecho", no le parece "lógico que se permita que se utilice para amenazar".

Los expedientes

Uno de los cinco expedientes que están siendo revisados por la Guardia Civil hace referencia a la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en Dorrón, un proceso que González ha definido como muy "complejo", y cuya resolución se encuentra actualmente en los tribunales.

Según ha explicado la alcaldesa, el ayuntamiento denegó inicialmente la licencia solicitada por la promotora en base a un informe contrario de Sanidade, al encontrarse a menos de 50 metros de lugar donde se proyectaba construir un cementerio. Posteriormente, "el mismo propietario volvió a solicitar licencia con otro proyecto y con otro nombre" y desde el ayuntamiento "no se tuvo en cuenta" en esta ocasión el citado informe de Sanidade, archivado en otro expediente, por lo que le fue concedida.

Sin embargo "cuando se intentó conseguir la licencia de actividad" para el cementerio, esta fue denegada, "por un informe que desconocíamos", lo que motivó la anulación de la licencia, y la apertura de una expediente de infracción urbanística, ya que las viviendas "no estaban ubicadas" donde figuraba en los planos presentados. La propiedad por su parte reclamó al ayuntamiento una indemnización, que este ha recurrido.

En "la misma situación" de no respetar los 50 metros de separación con respecto al citado cementerio se encuentra otro de los expedientes investigados, y tras la anulación de la licencia, la promotora también solicitó una indemnización por los costes de un proyecto que no se llegó a construir, y el ayuntamiento "ya ha llegado a un acuerdo con ellos".

También se ha requerido información respecto de la licencia, anulada por el juzgado, para un edificio de la calle Progreso, construido en una parcela afectada por dos ordenanzas y sobre el que pesa una orden de demolición para uno de sus bloques, para la que el ayuntamiento ya ha contratado el proyecto.

Según ha aclarado González, los técnicos "entendieron" que al tratarse de una sola finca, podría concederse una licencia siempre que se respetara la edificabilidad regulada en cada ordenanza, sin necesidad de que ambas tuviesen acceso a la vía pública, pero tras la denuncia de un "colindante" el juez decretó la demolición del bloque que no contaba con este acceso y decretó "una sentencia firme de derribo que hay que cumplir".

Viviendas en bascuas

También se ha requerido el expediente de la construcción de tres viviendas unifamiliares en el lugar de Bascuas, dos de las cuales, según ha explicado la alcaldesa, ya cuentan con licencia de primera ocupación, mientras que no se ha solicitado aún para la tercera, caso que el ayuntamiento "tendrá que ver en profundidad" para que el acceso cumpla los requisitos legales.

Finalmente, la Guardia Civil también está revisando la licencia concedida para la vivienda unifamiliar del aparejador municipal. Según explicó González, éste solicitó una modificación del proyecto —que ya se le ha concedido— para construir un "cuarto de instalaciones", pero el trabajador del ayuntamiento "hizo algo que no debería hacer" que fue "empezar las obras sin tener en la mano la licencia", por lo que estas fueron paralizadas hasta su concesión.

Más asuntos a investigar

También ha intervenido en esta rueda de prensa el concejal José Luis Rodríguez, único miembro del partido Veciños Independentes por Sanxenxo (VIPS) en la corporación, que gobierna en coalición con el PP, quien indicó que la investigación tendría que dirigirse a los años previos y posteriores a la aprobación del Plan General, ya que está "convencido" que entre 1999 y 2007 "el Ayuntamiento tuvo actuaciones desafortunadas en urbanismo", aunque también matizó que "no dio ninguna licencia en contra de los informes técnicos".

Rodríguez también ha asegurado que "si tuviese el menor indicio de que un miembro de este Gobierno está manchado" en los citado expedientes, lo abandonaría.