Las presidentas de la junta de personal y del comité de empresa de los servicios centrales de la Xunta, Pilar de Celis y Ana Landrove, respectivamente, han presentado este lunes en el Registro del Parlamento casi 4.000 firmas pidiendo la retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público —que previsiblemente será aprobado este martes por el pleno de la Cámara— y un escrito en el que reclaman a los grupos políticos que respalden esta solicitud o que, "al menos, voten en contra" de la norma.

En declaraciones a los medios tras presentar la documentación, Pilar de Celis ha explicado que la iniciativa se deriva de las decisiones tomadas en dos asambleas de trabajadores realizadas la semana pasada. Así, han presentado escritos dirigidos a los tres grupos parlamentarios para que "ellos también pidan la retirada" del texto.

Además, han adjuntado las casi 4.000 firmas recogidas en los servicios centrales y el documento con las alternativas presentado ya en el Registro de la Xunta y dirigido al jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 10 de febrero. Entre las medidas sugeridas por los empleados públicos se encuentran reducir en dos tercios el gasto en personal de gabinete o usar software libre.

Por su parte, los sindicatos de función pública han convocado una protesta este martes frente al Parlamento coincidiendo con el momento en que el anteproyecto será analizado en la sesión plenaria por la fórmula de la lectura única. Dentro de las movilizaciones, también han llamado a los empleados públicos a participar, desde las 14.15 horas de este lunes, en asambleas para decidir si se encierran esta tarde en diferentes edificios de la Xunta.

Antes, en la mañana de este lunes, representantes sindicales se han reunido con los tres grupos políticos en la Cámara gallega. La responsable de la CIG, Carme López Santamariña, ha explicado que han pedido a los grupos que reclamen la retirada "del texto entero", pues "todos los artículos son lesivos" para los trabajadores y para los servicios públicos.

En nombre de CC.OO., Ramiro Otero ha criticado que el proyecto de ley se tramite "con nocturnidad y alevosía", al presentarse por la vía de lectura única, lo que no da "alternativa a poder buscar una solución a la situación que vive la Administración". Además, ha reprochado a la Xunta que fue el PSdeG el que entregó el texto con la exposición de motivos y ha acusado al Gobierno gallego de no aportar información a los sindicatos.

Una ley negociada

Por su parte, José Vázquez, de UGT, ha insistido en que la pretensión es elaborar una ley "negociada previamente" entre sindicatos y Xunta y ha advertido de que interpretan que se está "negociando un convenio a través de ley", lo que representa "un mal precedente". "Y nosotros tendremos que recurrirlo porque entendemos que va contra la legislación laboral", ha dicho.

El presidente de CSI-CSIF, José Francisco Méndez, ha vuelto a exigir "la apertura de diálogo con los empleados públicos" y que se retire el texto. "Estamos dispuestos a trabajar en la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos. Si hay casos de absentismo estamos dispuestos a apoyar las medidas para prevenirlos. Estamos dispuestos a trabajar en un plan de ordenación de recursos humanos para que el servicio público tenga los empleados que necesita, ni más ni menos", ha expuesto.

Además, la responsable de la federación de empleados públicos de Galicia del sindicato USO, Lourdes Pedrazuela, ha insistido en la reclamación de que el documento de la Xunta debe ser retirado y se debe abrir una negociación, en lugar de recurrir a la "imposición, como hasta ahora".