La Jefatura de Policía Local tiene acceso a la agenda programada de citaciones para juicios rápidos de los juzgados de la ciudad desde el pasado 13 de febrero, tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Así, tiene la opción de realizar directamente citaciones judiciales 'on line' a los implicados en delitos contra la seguridad de tráfico. En estas dos semanas de utilización de esta herramienta, los agentes locales avilesinos han fijado un total de 6 juicios rápidos en materia de seguridad tráfico y lesiones.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Avilés. El acceso a esta agenda de citaciones judiciales supone que desde el Equipo de Atestados de la Policía Local de Avilés se fija cita on-line a los imputados por delitos contra la seguridad del tráfico. Con este sistema se asigna hora y día determinados en el Juzgado de Guardia correspondiente, atendiendo siempre a la disponibilidad existente en el mismo.

Coordinación entre administraciones

Con este acuerdo entre el ministerio y la Policía Local avilesina se pretende conseguir una mejor coordinación entre las administraciones competentes. Con el acceso a esta agenda se evita la personación de todos los intervinientes de un mismo hecho en los juzgados en la misma franja horaria, y así se facilita la celeridad en los trámites judiciales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro García, destacó la importancia de este acceso a la agenda judicial "que en estas dos semanas está funcionando a plena satisfacción" y recordó que no es el primer caso de acceso de la Policía Local de Avilés "a herramientas e instrumentos de trabajo que mejoran su eficacia y la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas".

Así, además del acceso a la agenda judicial, efectivos del cuerpo de policía local de la ciudad pueden acceder también -desde junio del año pasado- al registro central de protección a las víctimas de violencia de género, que permite a los y las agentes de la policía local de la ciudad conocer el estado en el que se encuentra el procedimiento judicial de las víctimas a las que tienen que proteger.