El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha afirmado que "en ningún momento, dentro de mi puesto de TUZSA (Transportes Urbanos de Zaragoza), he colaborado ni oficial ni oficiosamente con la empresa del tranvía" y tampoco "me habrán oído ni antes ni ahora opinar sobre el tranvía porque he sido muy escrupuloso con la decisión municipal", tanto como consejero delegado de TUZSA como ahora.

Asimismo, ha indicado que según un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón su intervención como consejero de Obras Públicas en los asuntos relativos a la implantación, desarrollo, integración y optimización del tranvía en el ámbito de las competencias propias de su Departamento "no está afecta por el régimen de inhibición".

El consejero se ha pronunciado así en el transcurso de dos preguntas parlamentarias formuladas por el diputado del Partido Socialista (PSOE), José Ramón Ibáñez, en el pleno de las Cortes de Aragón, sobre si era compatible con la Ley del Presidente, y ético, tomar decisiones que afectan directa e indirectamente a TUZSA y sobre las razones por las que el consejero no se ha inhibido en las decisiones sobre la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y el tranvía.

El consejero ha recordado que la Ley del Presidente dice que los consejeros están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos "en cuyo despacho hubiese intervenido" o en asuntos que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte.

Ha agregado que él no ha tenido participación en la gestión, "ni he ostentado puesto alguno", de Plaza o el tranvía. Respecto a Plaza, ha indicado que "hace más de siete años" la empresa de ingeniería de la que era director "tuvo algún contrato de ingeniería con Plaza". TRANVÍA

Sobre el tranvía, ha recalcado que "no he participado en la dirección, asesoramiento o administración de la sociedad" que gestiona el tranvía y desde su puesto como consejero delegado de TUZSA "sólo participé como técnico que calculó la demanda del tranvía".

No obstante, esto tuvo lugar "antes" de la presentación de la oferta por parte de la sociedad TRAZAR, que gestiona el tranvía, de la que TUZSA forma parte, en un 25 por ciento, junto con otras compañías.

En este sentido, ha subrayado que "no he conocido" la oferta presentada por la sociedad TRAZAR, "ni posteriormente he conocido, ni he intervenido, en ningún tipo de documento o conocido los resultados de dicha empresa".

Fernández de Alarcón ha agregado que aunque TUZSA "tenga algún interés en el tranvía yo no he participado para nada en estas relaciones".

Subvención de 2012

El consejero se ha referido también al hecho de que no aparezca una partida en los Presupuestos de la Comunidad autónoma para subvencionar las obras del tranvía en 2012 y ha señalado que los presupuestos "son un acuerdo del Gobierno de Aragón" y ha sido el Departamento de Hacienda "quien lo ha traído" a las Cortes.

Respecto a la petición de documentación al Ayuntamiento de Zaragoza para darle la cantidad que falta de la subvención de 2011 para el tranvía, el consejero ha dicho, igualmente, que ha sido una decisión del Gobierno de Aragón, "no del consejero" y él solo la transmitió al Ayuntamiento, para "que cumpla con un convenio y demostrara, de acuerdo con el decreto de subvenciones, que procedía la subvención".

Finalmente, ha manifestado que de ética "puedo hablar bastante respecto a si me he encontrado muchas deudas impagables o impagadas o alguna otra cosa como fango debajo de los cimientos de alguna sociedad pública".

Problema legal

El diputado del PSOE, José Ramón Ibáñez, ha señalado que "estamos hablando de un problema legal, no ético, de no respetar lo que dice la legislación" y "alguien en el Gobierno tendrá que asumir esa responsabilidad".

El parlamentario ha indicado que ostentando Fernández de Alarcón "la más alta responsabilidad de la gestión" en TUZSA, "entendemos o creemos que usted trabajó en los estudios de demanda del tranvía, en el proceso de licitación, en la redacción de la oferta que su empresa presentó con otros socios para construir y explotar el tranvía".

También ha querido saber "quién ha decidido que no aparezcan los diez millones de euros que tenían que estar" en el Presupuesto de Aragón de 2012 "para subvención de las obras del tranvía". "Usted verá, pero creemos que ha incurrido en una grave incompatibilidad" y "no ha respeto el deber de inhibición", ha apuntado.

Asimismo, le ha preguntado "si usted considera ético tomar decisiones que afectan a una empresa en la que usted trabajó hasta julio", para sostener que "algo falla en esta Comunidad autónoma desde el punto de vista democrático".