((Rogamos a nuestros abonados modifiquen esta noticia por la que le sigue por un error en el nombre del presidente de CECE, que se llama Antonio Martín Boraita y no Rafael Caamaño. Disculpen las molestias. Es todo)) CECE acusa a Álvarez de la Chica de "tomar decisiones al margen de las leyes" sobre los centros educativos que segregan

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha acusado al consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, de estar "tomando decisiones al margen de las leyes" sobre los centros de educación diferenciada de la comunidad, los cuales, consiguieron renovar anteayer sus conciertos hasta el curso 2012-2013 tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según el presidente de CECE, Antonio Martín Boraita, las declaraciones hechas ayer al respecto de esta sentencia por el titular de la Consejería de Educación "supone una amenaza a los centros educativos afectados y una falta de responsabilidad institucional", ya que entiende "que un responsable político no puede decir que la legalidad vigente no le ampara en sus decisiones y, por tanto, tendrán que buscar otras vías".

"Es sorprendente que el consejero manifieste con toda impunidad que está tomando decisiones al margen de las leyes. Eso es arbitrariedad. La Administración debe servir con objetividad a los intereses general y está sometida a la Ley y al Derecho, principio básico consagrado en nuestra Constitución (artículo 103.1) que el consejero se salta a la torera", critica Martín Boraita.

Además, a juicio del presidente de la confederación en Andalucía, "no es la primera vez que esta Administración toma decisiones apartándose de las normas, es decir, de la legalidad vigente, y aboca a los administrados a gastarse el dinero propio en defenderse de estas arbitrariedades, que para él son completamente gratuitas".

Ante este "desprecio manifiesto" por parte de Álvarez de la Chica y ante la intención "de imponer el modelo educativo que a él le parece mejor aunque no tenga cobertura legal", Martín Boraita le pide "respeto para las familias que han elegido esta educación para sus hijos, para los centros que están trabajando y desarrollando un modelo pedagógico concreto y para los trabajadores que día a día desempeñan su labor".

También advierte al consejero de que la CECE estudiará "las acciones legales que pudieran asistir a los centros insultados en defensa de estas graves acusaciones" por su parte y avisa, igualmente, a la Administración autonómica de que "no se puede tachar gratuitamente a unos centros de inconstitucionales y de atentar contra la igualdad solo porque no se comparte su modelo pedagógico".

"Las familias que optan por estos centros de educación diferenciada también pagan sus impuestos y tienen derecho a una enseñanza gratuita, igual que las familias que en pleno ejercicio de su libertad han optado por una escuela pública", insiste Martín Boraita, quien asegura que CECE es una "organización apolítica y aconfesional" y que, por tanto, defenderá "ante cualquier gobierno la libertad de elección de los padres que consagra nuestra Constitución, así como la libertad de creación de centros docentes, agotando todas las vías de diálogos que fueren necesarias".