La Unión ha mostrado su satisfacción por el auto de la Audiencia Provincial de Santander por el que se revoca el archivo de las actuaciones seguidas por presunto delito de prevaricación contra los ex alcaldes de Camargo Eduardo López Lejardi y María Jesús Calva, y se reabre de nuevo la instrucción penal en el Juzgado de Instrucción número 4.

Para la presidenta de La Unión, Pilar de la Hera, la apertura de nuevo del procedimiento penal es "una buena noticia", ya que "es bueno para todos los ciudadanos que si hay indicios, como ocurre en este caso, de que los comportamientos de nuestros representantes públicos no son conforme a derecho, deben ser perseguidos y penados, si se demuestra que efectivamente, tal y como sostiene La Unión, hubo una clara prevaricación, y un comportamiento deliberadamente situado al margen de la ley".

"Como siempre reitero nuestro respeto a los jueces y tribunales", indicó De la Hera, "tanto antes con el sobreseimiento provisional, como ahora con su revocación, y también nuestro compromiso con la verdad, la justicia y con los ciudadanos".

De la Hera, señala que esta revocación "coincide con las tesis de La Unión" ya formuladas en la querella y en el recurso interpuesto en marzo de 2011, "lo que nos anima a seguir denunciando en nombre de todos los ciudadanos aquellos comportamientos en los que haya indicios de delito".

"Hay certezas en este caso, de que tanto Calva como Lopez lejardi, se pusieron la Ley por montera, ya que constan los múltiples reparos del Interventor al encargo de trabajos municipales sin expediente de contratación a la empresa Entidad Patrimonial 38 SL, a pesar de lo cual hicieron caso omiso y procedieron a encargarles y pagarles los servicios prestados", señala la presidenta de La Unión en un comunicado.

De la Hera indicó que "este tipo de actuaciones de los representantes políticos han llevado a la actual crisis y a la situación actual, en la que los ciudadanos tiene que pagar con subidas de impuestos y con menos servicios este tipo de comportamientos en el que los políticos han hecho con el dinero público lo que han considerado oportuno sin sometimiento a la ley ni a criterios técnicos".

"Sería aconsejable", continúo, "que haya una actuación ejemplarizante, y que quién ha actuado dolosamente en el ejercicio de potestades públicas, tenga su justo castigo".

Por último, reitera su compromiso en pro de la persecución de este tipo de comportamientos, "que desgraciadamente suelen ser comunes a muchas administraciones, con independencia de cuál sean las siglas políticas que los gobierne".