Un total de 19 organizaciones empresariales de transporte, estaciones de servicio, excavaciones y áridos, taxistas, distribuidores de petróleo y la organización profesional agraria Asaja ha convocado un paro de una hora para el próximo lunes, 27 de febrero, en protesta por la implantación del denominado céntimo sanitario, que grava con 4,8 céntimos el litro de combustible.

El paro se desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 horas, en coincidencia con el inicio del pleno de las Cortes de Castilla y León en el que se aprobará esta medida.

Dicha protesta supondrá, entre otras medidas, el cierre de las estaciones de servicio de Castilla y León, así como la interrupción de los transportes por las carreteras de la Comunidad, cuyos conductores "se detendrán en áreas de descanso para no obstaculizar la circulación del resto de usuarios".

Asimismo, en la jornada del viernes, día 24, se manifestarán frente a la Consejería de Hacienda, donde entregarán 500 llaves para simbolizar "el cierre de negocios" a que "obligará" la tasa.

Por otro lado, estos colectivos iniciarán una campaña divulgativa acerca de "las consecuencias negativas" del céntimo sanitario, para lo que destribuirán más de 500.000 dípticos y 250.000 pegatinas con el lema 'CenTimazo Sanitario No'.

La presentación de estas actuaciones se han presentado este miércoles en la sede de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y ha contado con la presencia del secretario general de la Federación de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal), Miguel Olmos; el presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes), Horacio Sansegundo, y el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Sansegundo ha advertido de que el término 'céntimo sanitario' "no se entiende bien por la gente", ya que en realidad "son casi cinco céntimos".

Agotar el diálogo

A su vez, Sansegundo ha subrayado su intención de "agotar las vías de diálogo" con la Administración, aunque ha lamentado que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo "no ha respondido" al estudio en el que estas asociaciones explican los "perjuicios" que, en su opinión, ocasionarán para la economía castellanoleonesa.

En este sentido, ha cifrado en 2.000 los empleos que se pueden destruir por "el cierre de las gasolineras limítrofes", debido a la "fuga de repostajes" a otras autonomías. También ha recordado que, con el resto de impuestos, como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades, durante 2012 se recaudarían "27 ó 28 millones de euros", frente a los 140 que, a su juicio, se perderán por efecto de dicha fuga.

Por otro lado, ha asegurado que el aumento en el precio de combustible repercutirá "en un incremento de las comisiones que cobran los bancos por el pago con tarjeta", que ha establecido entre el 0,6 y el 0,8 por ciento del importe total.

Al hilo de esto, Miguel Olmos ha manifestado que en la Comunidad Valenciana, donde ya se aplica el céntimo sanitario, el descenso de repostajes "es escandaloso" a pesar de que "allí se devuelve a los transportistas la totalidad del tributo", por lo que ha aventurado que los conductores "se marcharán a llenar sus depósitos a Aragón, País Vasco o La Rioja".

El responsable de Fetracal también ha indicado que su organización ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios Socialista y Mixto en las Cortes, pero ha lamentado que el Popular "todavía no ha contestado" al requerimiento del encuentro.

A su vez, Olmos ha advertido de la "imposibilidad" para que los transportistas encuentren "avales" con los que financiar su adquisición de combustible y ha recordado que, de las 260.000 empresas de transporte españolas, 16.845 son de Castilla y León, "la mayoría de ellas Pyme".

Por último, el presidente de Asaja Valladolid ha puntualizado que, pese a que el gasóleo agrario no será gravado con este nuevo impuesto, "los camiones donde se transporta la leche o el cereal sí se verán afectados", lo que repercutirá en el precio y "disminuirá la competitividad de los productos agrícolas de la Comunidad" y ha recordado que Bruselas "se opone de plano".