La diputada del PP Mabel Cabrer ha manifestado el "máximo respeto" por la decisión de la Justicia de inhabilitar a ocho años al exalcalde de Capdepera, porque reconoció saber que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el hotel Son Moll carecían de licencia después de que éste se derrumbase, hecho que ocasionó la muerte de cuatro operarios y causó varios heridos.

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Mabel Cabrer, ha señalado que es un "tema delicado" porque hubo trabajadores que murieron y ha añadido que "la sentencia demuestra que todos deben respetar la legalidad y tener el máximo de garantías de que las cosas se hacen bien".

La 'popular' ha declarado que se debe "luchar desde los poderes públicos para agilizar al máximo lo que es la normativa urbanística y de licencias", porque actualmente los trámites son muy lentos y esto afecta a un sector tan marcado por la temporalidad como el turístico. Así, ha agregado, "se cumplirá la normativa y se evitará que se produzcan situaciones parecidas en el futuro".

El diputado del PSIB Cosme Bonet ha mostrado también "máximo respeto" por la decisión de la Justicia y ha enviado un mensaje de "apoyo personal" a un excompañero del PSOE que "fue alcalde en el momento en que se produjo esta desgraciada circunstancia".

Bonet ha reflexionado sobre la necesidad de agilizar "según qué trámites que "paralizan obras a veces necesarias y urgentes" que se acusan más en una "industria" como la "turística". El socialista ha reincidido en mostrar el "máximo respeto" por la decisión y en mostrar su "apoyo personal a un excompañero".

Por su parte, el diputado de PSM-IniciativaVerds-Entesa Antoni Alorda ha mencionado que la sentencia supone "un toque de atención" e "independientemente" de un caso como el de Son Moll "de lamentables consecuencias", "es un precedente que tiene una gran importancia y que conviene que tengan en cuenta todos los responsables de urbanismo del país".

Alorda ha remarcado que "es evidente que hubo una desgracia importante pero en principio la responsabilidad deriva del hecho de no haber reaccionado conociendo una actuación ilegal".

Un delito de prevaricación administrativa

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Palma, Jaime Tártalo, ha condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa al exalcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, quien se sentó en el banquillo de los acusados a raíz del derrumbe del hotel Son Moll, que el 16 de diciembre de 2008 costó la vida de cuatro operarios y causó varios heridos.

En su declaración, el inculpado reconoció que antes de que sucediera este siniestro sabía que las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el edificio carecían de licencia.

La Fiscalía solicitaba nueve años de inhabilitación para el acusado, defendido por el letrado Gaspar Oliver y quien, durante el juicio celebrado el pasado mes de enero justificó que, pese a conocer que los trabajos se estaban ejecutando sin permiso municipal, era consciente de que las deficiencias detectadas se estaban subsanando y tan sólo quedaba pendiente la autorización de Costas y de Turismo.

Cabe recordar que el juez ya condenó a dos años y tres meses de cárcel al arquitecto Arturo Vila y al aparejador José Luis Pujol por este siniestro así como dos años de cárcel a los constructores que intervinieron en los trabajos, Bartolomé Estelrich y Rafael Sancho Febrer, y al jefe de obra Juan Bonet.