El presidente del Partido Popular en Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ha presentado una enmienda a la Ponencia de Estatutos que se debate este viernes en el XVII Congreso Nacional del Partido Popular en la que pide que se introduzca un supuesto de infracción muy grave, que podría acarrear la expulsión del partido, por el incumplimiento de los criterios del buen gobierno.

Según ha informado el PP en un comunicado recogido por Europa Press, estaría dirigida a los cargos públicos que incumplan "de manera grave, reiterada y constante" los criterios de estabilidad presupuestaria, control del déficit público, límite de deuda o techo de gasto contenidos tanto en la Constitución Española como en la Ley, y que perjudiquen seriamente la sostenibilidad financiera y económica de las administraciones que gestionen, y con ello la credibilidad de España ante la Unión Europea.

La propuesta de la enmienda presentada por el presidente del PP en Zamora pretende dar respuesta a conductas en el ejercicio del cargo público que, "sin que prejuzguen comportamientos de corrupción o delito doloso, sí incumplan de manera grave, reiterada, grave y constante las obligaciones del buen gobierno o de un buen gobernante en la gestión de los recursos económicos, cuando estas acciones se puedan calificar de irresponsables por incumplir los criterios de déficit, endeudamiento o superen el techo de gasto".

Fernando Martínez Maillo considera que estos actos, con independencia de la sanción que pudiera derivarse del incumplimiento de la Ley, deben tener respuesta interna desde el propio partido.

En este sentido, añade que se trata de hechos objetivos, constatables y medibles bajo el principio de que quien malgasta o despilfarra debe sufrir las consecuencias de sus actos irresponsables "y no los ciudadanos que las padecen".

Según el PP, la enmienda se justifica también en el hecho de que el Gobierno de España ha anunciado que va a remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Del mismo modo, se fundamenta en el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 27 de enero, aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incorpora importantes sanciones para las administraciones públicas que incumplan los criterios que establece.

Esta enmienda será debatida esta tarde dentro de la Ponencia de Estatutos.