El Gobierno de Extremadura destaca que la deuda regional "continúa entre las mejores calificadas" del país, como ha hecho público la agencia de rating Moody's.

Indica el Ejecutivo regional que, con un grado 'A3' ("Buena"), la extremeña se sitúa al "mismo nivel" que la de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y que la propia deuda nacional, y "se ve arrastrada por la degradación de dos escalones que la agencia americana hizo sobre la nota de España hace un par de días".

Esta decisión se sustenta, según explica el Gobierno extremeño en nota de prensa, en la reciente rebaja en la calificación de España, además de "en la fuerte correlación entre la deuda soberana nacional y la autonómica, que se refleja en sus vínculos fiscales y macroeconómicos".

"Así como en las condiciones del mercado financiero y en factores institucionales, como destaca la propia agencia, que también ha revisado la nota de otras 82 regiones, localidades y organismos europeos", según apunta la Junta.

Por tanto, la rebaja de dos puntos de la calificación de la deuda de Extremadura "está determinada fundamentalmente por su vínculo con la nota nacional, las propias condiciones negativas del mercado financiero, de las que las Comunidades Autónomas no son ajenas, y las medidas de control del déficit impulsadas tanto a nivel regional como nacional, como así señala Moody's".

Medidas en pos de la "credibilidad"

Añade la Junta que en un contexto económico de "decrecimiento confirmado" del PIB nacional y europeo, las medidas impulsadas por el Gobierno de Extremadura para controlar su déficit y sanear la economía son el "camino necesario para avanzar en la credibilidad de Extremadura, tanto en los mercados financieros, como ante la Administración central y los propios ciudadanos".

"Extremadura se ha comprometido con la estabilidad presupuestaria para luchar contra el déficit y contribuir así al objetivo nacional marcado por el Gobierno central", según resalta.

Un "compromiso" que está plasmado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, así como en las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional que se adopten en la región para "cumplir con las exigencias europeas y garantizar las políticas sociales".