El presidente de Aldeasa, expresidente del Consejo Superior de Cámaras y exministro de Comercio y Turismo en el gobierno de Felipe González, Javier Gómez-Navarro, ha alertado este miércoles de que la reforma laboral "abre las puertas a la picaresca empresarial en límites absolutamente incontrolados" y de que "si empieza a proliferar esa picaresca empresarial y empieza a generar un malestar social en cierta medida justificado, terminará judicializándose porque los jueces intervendrán".

Así lo ha señalado en su intervención en el V Forum Forinvest acerca de los problemas de la economía española. En ese foro, ha destacado que la reforma laboral "está bien encaminada y tiene aspectos tremendamente positivos, pero hay muchos aspectos todavía que están sin cerrar o mal cerrados", como el riesgo de que "termine estancada en los juzgados" porque los jueces encuentren "el caldo apropiado para jugar un papel protagonista y convertirse en los árbitros de la gestión económica del país". "Y con un juez siendo árbitro de una cuestión económica, que Dios nos coja confesados", ha dicho.

Gómez-Navarro ha indicado que "se ha pasado de un predominio absoluto de trabajador-sindicato a un desequilibrio en el sentido contrario, hacia la empresa", algo que puede ser preocupante especialmente en el caso de las pymes. No obstante, ha valorado los importantes avances en temas como la flexibilidad, la lucha contra el absentismo para poner fin a los "absentistas profesionales" y el límite de dos años para la 'ultraactividad' de los convenios colectivos, al tiempo que ha apuntado que rebajar el coste del despido era una medida "absolutamente razonable".

"Está bien y bendita sea, pero hay que darle vueltas a cómo cierras determinados aspectos sobre todo del descuelgue del convenio y a partir de ahí, de los costes del despido en función del descuelgue del convenio y la bajada de salarios, que son temas que no están cerrados en este momento", ha resumido.

Por otro lado, ha valorado el "paso adelante" dado en la reestructuración del sistema financiero aunque desconoce si será "suficiente" y ha lamentado que "sigue sin generar la confianza suficiente en los mercados de financiación internacionales y el diferencial sigue sin bajar".

Comportamiento "absolutamente incomprensible" del banco de españa

A su juicio, el sector "está muy tocado" y que los diferentes gobiernos no han sido "capaces" ni de bajar precios para vender sus activos y reconocer pérdidas, como sucedió en Estados Unidos, ni de crear un banco malo que asumiese todos los activos dañados de las entidades financieras. Además, considera que "el comportamiento del Banco de España ha sido absolutamente incomprensible e inexplicable" en ese proceso dado que tenía personal "día y noche" en todas las entidades y, por tanto, "debía conocer la realidad" de todas las cajas y bancos españoles.

En cuanto a la subida de impuestos, ha advertido de que al afectar a las rentas del trabajo "puede generar una situación de rechazo brutal" si no va acompañada de una "acción de la Hacienda Pública de persecución rigurosa del fraude" y ha subrayado asimismo que es importante saber a qué se dedicarán esos fondos y evitar que "simplemente sea para mantener un sector público poco eficiente, que genera burocracia y dificulta el funcionamiento de las empresas".

De hecho, considera que el ajuste más importante que requiere España es la reducción del tamaño de las administraciones públicas y la mejora de su eficiencia porque el actual sistema es "absolutamente inoperante, repetitivo y duplicado", aunque ha reconocido que es un proceso que no puede acometerse a corto plazo ni de manera improvisada. Gómez-Navarro aboga por "reformar en profundidad la gestión pública, algo que pasa por evaluar el desempeño de sus trabajadores" dado que, a su juicio, el sector público español "es un espantoso gestor de recursos humanos" pese a que se encarga de gestionar el 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y de la prestación de servicios importantes.

"acostumbrarse a cobrar por los servicios" públicos

Sobre esta última cuestión, ha defendido que "la administración tiene que acostumbrarse a cobrar por los servicios", aunque ha dudado de si el copago es el sistema adecuado en sectores como sanidad y educación, en los que sí que ve necesario "buscar fórmulas que eviten el abuso" puesto que "el 40 por ciento de las pruebas médicas que se realizan son innecesarias y eso es un despilfarro absoluto" y los universitarios "no saben que el 85 por ciento del coste de sus estudios sale de los impuestos".

En el ámbito educativo, considera que hay un "desfase enorme" entre los conocimientos que imparten las universidades y las necesidades empresariales y apuesta por replantear el sistema para alejarse de las clases magistrales y potenciar los idiomas y la especialización. "Deberíamos ser capaces de saltarnos todos los intereses creados para cambiar todo el sistema", ha subrayado.

Igualmente, reclama una disminución de la "brutal legislación" existente en España para evitar la descoordinación e incluso las contradicciones que se dan en la actualidad entre las distintas normas vigentes y una reforma de la justicia para que sea "capaz de dar respuesta en tiempo a las necesidades de la sociedad" y deje de "favorecer la picaresca" con la lentitud de los procesos judiciales.

En su opinión, todos esos cambios son vitales para mejorar la competitividad de la economía española, que no se ha visto impulsada por "ninguna medida" pública porque se ha optado por "ganar tiempo y evitar la intervención" con nuevos planes y medidas "cada 15 días". Además, ha reivindicado que la mejora de la productividad "no tiene que venir casi exclusivamente de la bajada de salarios", sino que, entre otras medidas, "hay que buscar otro sistema" para financiar el sistema de protección social distinto al de los impuestos sobre el trabajo, como una subida del IVA.