La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha informado de que entre el 5 de julio y el 31 de diciembre de 2010, tras la entrada en vigor de la nueva Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se registraron 2.511 abortos en las islas dentro de las primeras catorce semanas de gestación, lo que supuso un coste para el Servicio Canario de Salud (SCS) de 591.798,59 euros.

A esta cantidad, según ha indicado la consejera en el pleno de la Cámara, habría que sumar el coste del desplazamiento de aquellas mujeres que decidieron de forma voluntaria interrumpir su embarazo desde las áreas de salud de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro a Tenerife y Gran Canaria.

Durante el primer semestre de 2010, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, el número de interrupciones voluntarias de embarazos fue de 2.126 con un coste económico para el Gobierno de Canarias de cero euros; por el contrario, en el segundo semestre y con la ley ya en vigor, el número de interrupciones fue de 2.710 (+21,74).

Uno de cada cinco

Por su parte, la diputada popular Mercedes Roldós indicó que la tasa de interrupciones del embarazo se ha duplicado en los últimos diez años y uno de cada cinco embarazos en Canarias terminan en aborto.

Asimismo, detalló que tras la entrada en vigor de la nueva Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 2010, hubo en Canarias 461 abortos más con respecto a 2009, una cifra "muy por encima de la media española".

Ese año, añadió Roldós, 5.003 mujeres (38,5%) ya habían tenido abortos previos, lo que significa que "se llega a pensar en el aborto como un método anticonceptivo, lo que desde el punto de vista sanitario es muy lesivo para las mujeres".