La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado las peticiones que había realizado la asociación ecologista Arca, dentro de su recurso al desarrollo eólico del Plan Energético en la comunidad.

Así, se han desestimado las pruebas periciales de Arca, así como las peticiones de que se citara al presidente cántabro, Ignacio Diego, y al consejero de Industria, Eduardo Arasti; al igual que la propia paralización cautelar del concurso eólico hasta que se resolviera el proceso, reclamación que los ecologistas han planteado en varias ocasiones.

La petición de Arca a su vez fue objetada por una de las empresas, en una reclamación que nuevamente fue recurrida por los ecologistas y que, tras resolverse ahora, permitirá continuar la tramitación del recurso contencioso, que fuentes cercanas al proceso confían en que finalice el segundo trimestre del año.

Las medidas cautelares de suspensión del concurso se rechazan de nuevo, al entenderse que Arca no probó que hubiera elementos para hacerlo, nuevos respecto a sus anteriores argumentos, según recoge un auto del TSJC.

En otro diferente, se deniega la petición de que comparecieran como testigos el presidente cántabro, Ignacio Diego; el consejero de innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti; y el miembro de la Comisión Técnica de Evaluación del concurso, Antonio Lucio.

Lo que Arca quería era saber si ratificaban lo dicho anteriormente o en la campaña electoral respecto al concurso eólico, pero la Sala entiende que no procede al no afectar a cuestiones jurídicas.

Asimismo, el TSJC rechaza la prueba pericial que habían solicitado, y que consistía en distintas pruebas documentales sobre el proceso y sobre otros procesos similares, así como en la reclamación de que un experto confirmara los cambios que se produjeron en el concurso adjudicado respecto a las previsiones del Plan Energético Regional.

Los ecologistas propusieron que se aportaran una serie de documentos: el Informe del Defensor del Pueblo y un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspendió cautelarmente la fijación de zonas de desarrollo de parques eólicos, atendiendo a la falta de una evaluación ambiental estratégica (precisamente el principal argumento de Arca para cuestionar el desarrollo eólico en Cantabria).

También reclamaban otros documentos, como las resoluciones de la Dirección General de Medio Ambiente, de abril de 2011 (con el anterior Gobierno), en las que se acordaba el archivo de los expedientes de tramitación de varios parques eólicos por falta de la evaluación ambiental estratégica; y el informe del Servicio Jurídico que sirvió de base a estas actuaciones.

Concurso eólico

Los siete grupos adjudicatarios del concurso eólico de Cantabria, resuelto en diciembre de 2010, fueron Nuevas Energías de Occidente (EDP Renovables), Cantabria Generación (NovaCaixaGalicia, Banco Gallego), Eolican (Engasa, Jealsa Rianxeira y Biiobas), Biocantaber (Ibredrola Renovables y Ocyener), Helican Desarrollo Eólico (Banco Santander, Sniace y Helium), INDER (Ascan y Apia XXI) y E.on Renovables.

En concreto, las adjudicatarias del concurso eólico han sido Nuevas Energías de Occidente S.L. (220 megavatios), Cantabria Generació S.L. (215 MW), Biobas, Jealsa y Engasa (210 MW), Biocantaber S.L. (205 MW), Sniace, Banco Santander y Helium (189 MW), E.ON Renovables (210 MW) y Actium, Ascan y Apia XXI (87 MW).

En total, la capacidad máxima de generación otorgada contemplada en el concurso resuelto en diciembre de 2010 ascendía a 1.336 megavatios, y las previsiones del anterior Gobierno eran la generación de más de 4.200 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y una inversión de 2.000 millones de euros, incluyendo los proyectos industriales y de I+D+i asociados a los parques.

La previsión del nuevo Gobierno de Cantabria es que el Plan de Sostenibilidad Energética, en el que trabajan en estos momentos, recoja una asignación de potencia menor, y que esté aprobado para este mes de febrero, con lo que la Asociación de Empresas Eólicas de la región confía en que entre en vigor en primavera.