El diputado del Grupo Socialista Parlamentario Antoni Diéguez ha afirmado que la política "ilegal" del Govern respecto a la intervención voluntaria del embarazo pone en "peligro" la integridad física y psicológica de las mujeres que no pueden hacer frente al adelanto del pago del aborto y pueden verse obligadas a ir a clínicas "clandestinas".

Durante el Pleno del Parlament, Diéguez ha recordado que la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo obliga a las administraciones públicas a "facilitar" la interrupción del embarazo en un centro público o privado, así como a asumir directamente el coste de la misma.

En este sentido, ha asegurado que el Govern está "incumpliendo" la ley al haber roto de manera unilateral el acuerdo que mantenía con distintas clínicas privadas a las que derivaba los abortos que no podían ser asumidos por la red asistencial pública.

El socialista dijo este lunes que actualmente hay más de 200 facturas en la Conselleria de Salud de abortos cuyos pagos han adelantado las mujeres, las cuales ha incidido en que se encuentran en "un limbo asistencial".

"Usted tiene encima de la mesa un montón de facturas de dinero que se les ha obligado ilegalmente a las mujeres a adelantar y que no saben en su Conselleria cómo pagarlas al no haber convenios. Y lo que es peor, con la intimidad de las mujeres destripada por encima de las mesas", ha espetado Diéguez.

La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carme Castro, ha afirmado que el nuevo protocolo a seguir en las intervenciones de aborto entró en funcionamiento hace pocas semanas y que su departamento trabaja para "subsanar" cualquier "problema" que vaya surgiendo.

Castro ha informado de que se está reuniendo con los jefes de ginecología de los hospitales de las islas para tratar este asunto, al tiempo que ha acusado a Diéguez de crear "alarmismo" con sus declaraciones, las cuales ha apuntado que sí pueden afectar a "la salud psicológica" de las mujeres que quieren abortar.