La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de haber destinado un millón de euros a través de la empresa pública Invercaria a la sociedad de Ferias Internacionales Virtuales en Andalucía (FIVA), un proyecto que "jamás tuvo actividad" y cerró a los pocos meses de su creación, y que enmarcan dentro de "un segundo fondo de reptiles" al margen de la partida 31.L ligada a las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.

En una rueda de prensa en Sevilla, la portavoz popular ha asegurado que un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha destapado otro "escándalo" relacionado con esta empresa vinculada a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en el que "se vuelve a dar ayudas a empresas sin actividad utilizando de forma alegal el dinero público con el que se tiene que crear empleo".

Así, Soto ha manifestado que Invercaria inyectó un total de un millón de euros —284.000 de capital para su creación y 716.000 en concepto de préstamos— a una feria "tan virtual que jamás tuvo actividad, ni página web, ni presentó cuentas" y que nació en 2009 para "morir a los pocos meses". "Un timo de principio a fin", ha sentenciado la portavoz popular, que "no tiene que sorprender, porque lo hemos visto reiteradamente con los ERE".

En este sentido, la portavoz del PP-A ha criticado que el PSOE y el Gobierno andaluz permanezcan "callados" ante esta cuestión. No obstante, Soto ha afirmado que "quien calla otorga" y ha mostrado su convencimiento de que, "como ha pasado con los ERE, iremos conociendo poco a poco a dónde iba a parar todo ese dinero". "Seguro que detrás de esa sociedad, hay amigos del PSOE", ha apostillado.

Actas "mutiladas" de los consejos de gobierno

Por otra parte, Soto ha tildado de "lamentable" que la Consejería de Empleo, "en vez de resolver los problemas de los andaluces, se dedique a obstruir y tapar el escándalo de los ERE", en referencia al auto en el que la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, "afirma que las actas del Consejo de Gobierno enviadas a petición de los juzgados para esclarecer este escándalo de corrupción están mutiladas".

"Que no traten de seguir engañando a la ciudadanía, el Gobierno de Griñán intenta obstruir la labor de la Justicia y que se sepa la verdad sobre el caso de los ERE", ha concluido.