El Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, ha abogado por investigar las supuestas irregularidades en expedientes de contratos informáticos que habría cometido el Departamento de Justicia del anterior Gobierno vasco, por un montante de 23 millones de euros, que ha sido destapado por el actual Ejecutivo. A su juicio, se trata de "un tema serio" y la documentación planteada está "bien elaborada" y es "completa".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Calparsoro ha manifestado que el Gobierno vasco le ha remitido un informe "bastante elaborado" sobre una investigación interna que ha realizado.

"La primera impresión es que hay que hacer una investigación porque es un tema serio, hay mucho dinero que supuestamente se ha pagado, según el informe del Gobierno vasco, sin que existiera la contraprestación correspondiente y el tema tiene que ser investigado", ha destacado.

A su juicio, la cuestión "merece una investigación" y ha señalado que desconoce "qué explicación se dará por parte de los responsables". Por ello, ha señalado que "habrá que esperar".

Para el Fiscal Superior, la información que ha enviado el Ejecutivo está "bien elaborada" y es "completa". "Aunque falta oír la versión de las personas supuestamente responsables y también la de las empresas", ha añadido.

El representante el ministerio público ha considerado que "esto llevará su tiempo", pero ha recordado que corresponderá al Fiscal de Álava tomar la decisión que proceda.

Comisión parlamentaria

En cuanto a la posibilidad de que el Parlamento vasco abriera una comisión de investigación sobre esta cuestión, Calparsoro ha subrayado que las comisiones parlamentarias, en un principio, "no afectan a los procedimientos judiciales", sino que "tienen otro fin", que es buscar responsabilidades políticas.

"Todo lo que vaya en mejorar el servicio público, en mejorar el uso del dinero público, porque, al fin y al cabo, pagamos todos los ciudadanos, va en una buena dirección y no me parece mal", ha precisado.