Ya hay más apuntados en la lista de Rabassa que VPO previstas

El promotor promete acabar las primeras 3.000 VPO (un tercio del total) en tres años, pero ya hay más de 9.000 apuntados. Ayer se aprobó el plan, con el desalojo de 200 personas del pleno.
Carteles a favor y en contra del Plan de Rabassa, ayer, en el salón de plenos.
Carteles a favor y en contra del Plan de Rabassa, ayer, en el salón de plenos.
Morell/EFE
Carteles a favor y en contra del Plan de Rabassa, ayer, en el salón de plenos.
Con la aprobación ayer del megaplán urbanístico de Rabassa, la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo (encargada de ejecutar las 15.000 viviendas en el barrio, 9.000 de ellas protegidas) «se compromete a construir 3.000 VPO de forma inminente, que estarían acabadas en tres años», según dijo Enrique Ortiz, promotor de Rabassa. Esta promesa supone una rebaja en 1.500 VPO sobre las que anunció el martes Sonia Castedo, edil de Urbanismo.

Ortiz anunció que «ya se han apuntado a la lista de adjudicación de los pisos protegidos más de 9.000 personas», es decir, que ya hay más demandantes que pisos. El promotor confirmó que, «una vez tenga el ‘sí’ de la Generalitat, empezarán las obras en Rabassa. Espero que, a más tardar, después del verano».

El constructor señaló que  «en breve» se dirigirá a los solicitantes de VPO que se apuntaron en la calle Rafael Altamira, para informarles de los trámites. Para nuevos solicitantes, se abrirá otra lista para aspirar a VPO «cuando haya vacantes».

El Ayuntamiento aprobó el plan en un polémico pleno que se quedó sin público, tras ser desalojados los asistentes por interrumpirlo.

Gritos a favor y en contra

Asistieron 200 personas, tres cuartas partes de ellos favorables al citado plan, que exhibieron carteles de respaldo, con lemas como Rabassa, VPO para todos y Rabassa sí. Queremos casas, al tiempo que gritaban «Rabassa, sí».

Mientras, entre 35 y 40 personas de las plataformas contra el plan trataron de replicar a la mayoría favorable, sin éxito. PSOE, Esquerra Unida y estos grupos intentarán paralizarlo en los tribunales.

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ordenó el desalojo del público del salón de plenos tras más de cinco minutos de gritos continuados, y el pleno se suspendió diez minutos. «En siete años de concejal no había visto nada igual», comentó el edil de Comercio, Juan Zaragoza.

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