El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al juez Baltasar Garzón es "una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional" y es "inobjetable", si bien ha estimado que es necesaria una reforma "urgente e inaplazable" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y terminar con "el déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones".

Baltasar Garzón Real ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por autorizar las conversaciones en prisión de los imputados del caso 'Gürtel'

En rueda de prensa en un céntrico hotel de Zaragoza, donde se ha reunido la Comisión Permanente de Jueces para la Democracia, Ramírez ha observado que, independientemente de que se pueda discutir el contenido de la sentencia "o haya discrepancias jurídicas por si se ha utilizado un criterio demasiado estricto en materia de interpretación del tipo de prevaricación o no, es evidente que se trata de una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional", ha recalcado.

Asimismo, Ramírez ha remarcado que "podemos discrepar o no" con la sentencia pero "se ajusta a los parámetros establecidos" y ha comentado que "no es inusual" que los tribunales condenen a otros jueces por prevaricación.

En todo caso, este colectivo ha advertido de que España debe solucionar el "déficit de regulación en materia de intervención de comunicaciones o en cualquier otra medida cautelar inherente en derechos fundamentales" y ha señalado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "tiene una regulación muy deficiente, pésima", por lo que se hace necesaria "una reforma urgente e inaplazable".

En este mismo sentido, ha advertido de que "no podemos perpetuar un modelo como el actual en el que hay una situación paradójica, esquizofrénica, y es que la misma persona que investiga hechos delictivos al mismo tiempo tiene que garantizar los derechos de la persona investigada".

Por último, ha observado que en casos de corrupción política y económica, "con independencia del resultado de los procesos judiciales, debe distinguirse entre la responsabilidad política y la penal, porque una cosa es que un acusado de corrupción sea declarado no culpable y otra cosa es que eso no genere una responsabilidad política".

Discrepar con argumentos

Sobre la sentencia que inhabilita a Garzón, José Luis Ramírez ha recordado que Jueces para la Democracia "ha defendido siempre la discrepancia y la crítica a las resoluciones judiciales", pero una crítica basada en "parámetros de racionalidad argumentativa y nunca en ataques personales o que tengan por objeto desacreditar la legitimidad de la institución", por lo que ha sentenciado que "la crítica es admisible, pero en ningún caso debe incluir ataques al Tribunal, en este caso a la sala segunda del Supremo o a sus magistrados"

En este punto, ha señalado que la interpretación del delito de prevaricación judicial es una cuestión "muy delicada", pero "al Supremo y a cualquier tribunal penal solamente se le puede pedir que aplique la Ley y respete la presunción de inocencia y, desde esta perspectiva", ha estimado que es "evidente que se trata de una sentencia razonada, razonable y ajustada a los parámetros que establece el texto constitucional. Desde esa perspectiva poco hay que cuestionar".

Sobre si esta resolución ha afectado a la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia, ha defendido que las instituciones se deben valorar por "si su ejercicio se adecua a los parámetros que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico" y, en este caso, el Comité Permanente de JPD "ha concluido que efectivamente el funcionamiento del tribunal y el contenido de esa resolución se ajusta a esos parámetros". "INOBJETABLE"

Asimismo, José Luis Ramírez ha recordado que los jueces también "estamos sometidos a control por parte del sistema", más allá de que se pueda discrepar con el contenido, los hechos probados o el sustrato jurídico de la resolución, "que puede merecer diversas interpretaciones", como las ha habido en el seno de esta asociación de jueces, "pero en lo que todos coincidimos es que se trata de una resolución que es inobjetable desde el punto de vista del mantenimiento dentro de los márgenes que el ordenamiento jurídico establece".

Al ser preguntado por si esta sentencia supone un ataque al juez Garzón por investigar crímenes del franquismo, el portavoz de JPD ha observado que "son asuntos diferentes" y ha indicado que en el caso de la investigación de crímenes franquistas "todavía no se ha dictado sentencia".

Además, ha apreciado que la sentencia no pretende ser un 'toque de atención' a otros jueces, aunque "si a partir de aquí los jueces cuando investigan hechos delictivos y adoptan medidas cautelares lo hacen mejor, porque razonan más y deniegan peticiones policiales cuando no hay indicios, se puede considerar que tendrá un efecto positivo porque mejorará la conducta procesal de los jueces, pero no creo que haya un efecto directo".

En todo caso, ha insistido en que ahora "se trataba de resolver en un caso concreto si los indicios que había de que un magistrado había incurrido en un delito de prevaricación tenían solidez suficiente" y "se ha dicho que sí, sin perjuicio de lo que luego pueda decir el Tribunal Constitucional, porque cabe el recurso de amparo, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Reformas en la autorización de escuchas

En relación con una posible reforma en la autorización de escuchas, limitando el procedimiento a los delitos más graves, Ramírez ha argumentado que la solución al déficit de legislación en esta materia "no es la que propone el PP".

En su opinión, el Gobierno del PP propone "parchear la Ley de Enjuiciamiento Criminal", una norma del año 82 "que se ha reformado en más de cincuenta ocasiones y que ya no se sostiene, porque es como un edificio compuesto por varios estilos arquitectónicos que no casan entre sí".

Se trata de "una ley básica para la convivencia porque marca el ámbito de lo que el ciudadano, el juez, la policía o la fiscalía puede hacer o no hacer" y, por tanto, "es necesario que se adecue a los contenidos de la Constitución".

Así, su reforma "tiene que ser integral" y, ha agregado, "el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesto por el anterior Gobierno socialista sí es un texto con una enorme calidad técnica y creemos que debe marcar las líneas directrices hacia las cuales debe apuntar la reforma".

Este texto deberá garantizar "no solamente el tema de las escuchas telefónicas sino todas las diligencias que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de investigaciones penales", como registros, intervención de telecomunicaciones, registros corporales para obtener AND, "todas estas cuestiones tienen un déficit de regulación lamentable en nuestro ordenamiento, y la situación no puede seguir así porque las condenas son muchas y genera mucha inseguridad jurídica porque cada tribunal interpreta de una manera distinta" la norma.