El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), gobernado por el andalucista Francisco Jiménez en coalición con el PP, ha anunciado este viernes que la sociedad de desarrollo municipal Produsa presentará un concurso voluntario de acreedores merced al resultado de una auditoría que está realizando el 'Grupo Consea', contratado para evaluar la situación real de esta empresa pública.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que en el mediodía del jueves, la empresa auditoria emitía un primer informe en virtud del cual, el alcalde ha convocado una junta de portavoces para informar de la situación de Produsa. Después ha sido reunido el consejo de administración de la empresa y han sido convocados los trabajadores.

Aunque el procedimiento auditor no ha finalizado en su totalidad, este primer informe "es lo suficientemente concluyente como para tomar la determinación de acudir al concurso voluntario de acreedores", cuestión en la que coincide la Intervención Municipal. Según el consejero delegado de Produsa, Juan Carlos García, "hemos hecho lo indecible por la continuidad de la sociedad, pero la situación financiera de la misma, obliga al concurso voluntario para de esta forma dar respuesta a nuestros acreedores y trabajadores".

Los empleados llevan cinco meses sin cobrar sus nóminas, ya que el pasado 17 de octubre se recibía un embargo de la Agencia Tributaria que, junto a otro embargo de la Seguridad Social, congelaban las cuentas de Produsa. Igualmente, existe una deuda cercana a los 300.000 euros con proveedores, entre los que se encuentran las empresas que están acometiendo las obras en la barriada de Los Militares, encomendadas por el consistorio a la sociedad municipal.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que una de las primeras actuaciones será el rescate por parte del Ayuntamiento de la encomienda de estas obras, "con objeto de reanudarlas cuanto antes y que se puedan finalizar y dar respuesta a los vecinos de la barriada".

Por otro lado, a Produsa se le adeudan más de 1,5 millones de euros procedentes de la venta de unos terrenos en Vistalegre por un millón de euros y que la empresa que los adquirió "nunca pagó", casi 300.000 euros que "debería haber pagado" la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) en concepto de cursos de formación, otros casi 250.000 euros de subvenciones que no se han podido cobrar como consecuencia del embargo que soporta la sociedad y, por último, el pago del alquiler de las viviendas propiedad de Produsa que los inquilinos no están abonando.