La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, ha limitado eventuales acciones de expropiación forzosa, por parte de la administración, de terrenos para poner piscifactorías en Galicia a proyectos puntuales de "interés público" en los que haya que salvar "algún obstáculo", al tiempo que ha recordado que este supuesto ya está recogido en la legislación vigente.

"Los supuestos los regula la legislación básica del Estado, no es algo que me haya inventado yo", ha defendido la conselleira, en declaraciones a los medios, al tiempo que ha insistido en que lo que diferencia el nuevo plan acuícola de la Xunta del autorizado por el bipartito en 2008 es que ahora es el emprendedor "el que tiene que buscar" los terrenos y negociar su compra con los propietarios.

Frente a ello, la legislación anterior proponía, ha recordado, que la administración comprase los terrenos a un particular, para darle la concesión al emprendedor. "Esa es la diferencia", ha insistido Quintana, quien ha rechazado que este nuevo modelo, criticado con especial intensidad por el PSOE, pueda "favorecer la especulación".

A modo de ejemplo, ha explicado que, con el anterior modelo de concesión de los terrenos, podría darse el supuesto de que la administración expropiase un terreno, lo cediese por un determinado plazo a un emprendedor y que éste, al cabo de un período inferior al previsto, abandonase el proyecto. "¿Y qué hace entonces la administración con los terrenos y las infraestructuras?", se ha preguntado.

Tras exponer sus argumentos, Quintana ha instado a los socialistas a visitar la página web de su departamento para ver la estrategia autorizada por el Gobierno de Feijóo y el visor cartográfico para las ubicaciones de las plantas, así como los estudios del litoral gallego para articular la planificación detallada este jueves tras el Consello de la Xunta.

"Que después digan de dónde sacan los datos para decir que se trata de especular o de expropiaciones forzosas", ha retado la conselleira, quien ha recomendado, además, a los dirigentes del PSOE, "revisar" el plan que ellos hicieron en 2008. "Y allí hablaremos de expropiaciones forzosas", ha apostillado.

"ningún interés"

En relación con el plan del bipartito y los 22 proyectos acuícolas que quedaron pendientes de resolver, Rosa Quintana ha subrayado que el actual Ejecutivo gallego optó por mantenerlo vigente hasta marzo del año pasado y que, pese a ello, "no hubo ningún interés" por parte de los empresarios en desarrollar dichas iniciativas.

Con la decisión adoptada este jueves se abren 15.000 hectáreas del litoral —en las dos zonas de menor protección ambiental— para las que se podrán presentar proyectos de inmediato. Quintana ha reiterado que deberán ajustarse a los requisitos exigidos en cuanto a sostenibilidad ambiental e integración paisajística, y ha recalcado que la Xunta "asesorará" a los emprendedores "desde el primer momento".

Como la norma "nunca puede ser retroactiva", ha explicado que las plantas acuícolas que ya están en funcionamiento en Galicia con sus correspondientes autorizaciones no tendrán que cumplir los nuevos requisitos, que sí "estarán a disposición" de los empresarios si desean "actualizar o modernizar" sus piscifactorías.

Planta en touriñán

Sobre la piscifactoría que Pescanova proyectó inicialmente en cabo Touriñán, aunque la firma finalmente optó por Mira (Portugal) para instalar una macroplanta de rodaballo ante la negativa del bipartito a tramitarla por su impacto ambiental, Rosa Quintana ha asegurado que desearía que "se dejase de hablar de Touriñán como un símbolo de donde murió la acuicultura en Galicia".

Ha indicado que, en su momento, la empresa invirtió en unos terrenos y contaba "con todas las autorizaciones posibles", pero ha matizado que ahora "cambian las cosas", ya que existe un nuevo plan. Un plan en el que las dos zonas de menor protección ambiental están ya a disposición de los emprendedores, pero en el que las de mayor exigencia —situación en la que se encuentra Touriñán— deberán esperar hasta octubre.

Como ya hizo este jueves, la conselleira ha remarcado que, llegado el momento y sólo si "se cumplen los requisitos" exigidos para la instalación, se podrá poner una planta en Touriñán. "Y si no se cumplen, no", ha resuelto, antes de hacer un llamamiento a "dejar de ver la acuicultura como Touriñán".

"Galicia tiene más terreno, hay mucho más que un símbolo. Me gusta que la acuicultura sea una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y capaz de generar riqueza en nuestra tierra", ha zanjado la responsable de Mar.

Nuevo plan y orden

El Gobierno gallego dio luz verde este jueves a la habilitación de las 15.000 hectáreas que comprenden las dos zonas de menor protección ambiental para la presentación de proyectos, mientras que las otras dos zonas con mayores exigencias —que ocupan otras 13.143 hectáreas— se activarán en el próximo mes de octubre.

Quintana, que compareció con el presidente Alberto Núñez Feijóo para presentar el plan, anticipó que hay "interés" empresarial y que "no se veta ninguna zona" para la actividad acuícola, aunque insistió en que el Gobierno autonómico será "riguroso y exigente" a la hora de comprobar que se cumplen los requisitos técnicos y medioambientales estipulados.

Además, el Consello de la Xunta dio luz verde también este jueves a una orden conjunta de los departamentos autonómicos de Medio Ambiente y de Mar, en la que se establece el régimen aplicable a las instalaciones de acuicultura en lo relativo a la evaluación del impacto ambiental y los estudios de integración paisajística.

Este documento plasma la obligatoriedad de someter la evaluación de impacto ambiental (EIA) las instalaciones de acuicultura intensiva con capacidad de producción superior a 500 toneladas anuales. Deberá, por lo tanto, incorporar un estudio de impacto e integración paisajística, integrándose el informe del órgano competente en materia de paisaje en la correspondiente declaración de impacto ambiental.

También se les exigirá la EIA a aquellas instalaciones que puedan afectar directa o indirectamente a algún espacio perteneciente a la Red Natura, aunque no alcancen este volumen de producción, cuando así lo decida el órgano ambiental. En los demás casos, es decir, a aquellas instalaciones que no alcancen las 500 toneladas de producción anual, se les requerirá el informe del órgano competente en materia de paisaje.