El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha puesto sobre la mesa la necesidad de "mejorar" el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de una modificación de la ley y ha destacado el incremento de las partidas dedicadas a sufragar los gastos del turno de oficio en Galicia, que pasaron de 8,5 millones en 2009 a 10 consignados inicialmente en 2012, lo que supone una subida de más del 16 por ciento.

En la Comisión Institucional, sobre la regulación del turno de oficio, el director xeral ha manifestado que, en "cada salto jurisdiccional" en los recursos, el interesado debería ratificar su voluntad de seguir adelante, puesto que —según ha alertado— se están dando casos en los que un abogado "llega al Tribunal Constitucional (TC) con un cliente inexistente porque fue expulsado de España".

A título "casi particular", se ha referido también al ámbito de la jurisdicción laboral y ha señalado que los trabajadores por cuenta ajena tienen acceso directo a la justicia gratuito sin la necesidad de que se comprueben sus ingresos. "Y hay todo tipo de salarios", ha advertido el alto cargo de la Xunta, quien ha destacado que cuando un ciudadano litiga debería tener que exponer su patrimonio para determinar su acceso al turno de oficio.

A la espera de lo que pueda suceder en el contexto nacional, ha explicado también que su departamento ha presentado un protocolo de actuación en la materia con el que se pretende "dar uniformidad y homologar" actuaciones. Así, la Xunta está procediendo a la modificación del modelo de solicitud, del soporte en el que los colegios profesionales deben enviar la justificación de los asuntos certificados y a introducir una serie de mejoras en la tramitación telemática.

Igualmente, se ha procedido al inicio del proceso para la modificación del reglamento de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad gallega buscando "agilidad" en la tramitación de los pagos del servicio y a posibilitar la "efectividad" del ciudadano a relacionarse con las administraciones a través de los medios telemáticos.

Temor al "copago"

La oposición, por su parte, ha manifestado sus dudas hacia la voluntad de "mejorar" el turno de oficio expresada por la Xunta y la diputada nacionalista Tereixa Paz ha manifestado su deseo de que detrás de su apuesta por modificar la ley que regula el servicio del turno de oficio no se esconda la intención de establecer "un copago". "Como, por otra parte, no sería de extrañar si viene del PP", ha apostillado.

A su vez, la parlamentaria socialista Dolores Rodríguez Amoroso ha advertido de que el derecho a la asistencia jurídica gratuita está reconocido "constitucionalmente", por lo que el aumento del presupuesto para atender los casos del turno de oficio por parte de la Xunta, ha añadido, no es "una muestra de buena voluntad", sino una "obligación".

Por su parte, la diputada popular Paula Prado ha censurado que los grupos de la oposición incidan en que el PP "recorta" el Estado de Bienestar cuando "garantiza los servicios públicos". Así, ha destacado el "esfuerzo" de la Xunta de aumentar más del 16 por ciento el presupuesto para asistencia jurídica gratuita, para añadir que gestionar "bien" es "recortar donde hay que recortar" para que los recursos lleguen "a quien los necesita".

Mediación en la jurisdicción penal

Por otra parte, Paz y Rodríguez Amoroso han incidido en la necesidad de que el Gobierno gallego avance en la implementación de la mediación, mientras que Prado y el propio responsable de Xustiza han admitido que es "el futuro" y han destacado su importancia a la hora de frenar la litigiosidad que provoca colapsos en el sistema judicial.

Al respecto, Juan José Martín ha enfatizado que el Gobierno gallego está fomentando este tipo de iniciativas mediadoras dentro del ámbito familiar y de los menores infractores, "sin descartar" que, en un futuro, se pueda extender esta práctica a otras jurisdicciones como la penal.

En este sentido, ha explicado que las Consellerías de Presidencia y Traballo han promovido la mediación familiar intrajudicial, iniciándose en los juzgados de Santiago "con gran éxito" y "ampliándolo" posteriormente al partido judicial de Ourense, con la participación de los colegios de abogados y psicólogos.

Ahora, la intención de la Xunta es extenderlo en la medida de lo posible a otros partidos judiciales, como se ha hecho en Vigo, donde este servicio empezará a funcionar en colaboración con la universidad viguesa.

Colaboración con los ayuntamientos

Igualmente, en su balance, el alto cargo de la Xunta ha destacado el avance en las nuevas tecnologías, con la renovación del 85 por ciento de los ordenadores con más de cinco años de antigüedad en los juzgados gallegos, y la ampliación de infraestructuras judiciales.

Así, ha dicho que, antes de que finalice 2012, el Gobierno gallego tendrá "ejecutadas o en ejecución" más del 50 por ciento del Plan de Infraestructuras Xudiciais. Ha destacado actuaciones en los juzgados de la Rúa Monforte, en A Coruña, la rehabilitación del antiguo edificio judicial de Ferrol y de la Fiscalía Viguesa, y las obras de climatización del edificio de los nuevos juzgados de Vigo, entre otras.

Por último, ha ensalzado la colaboración con los ayuntamientos para acometer esta ampliación de las infraestructuras judiciales, a excepción del Ayuntamiento de Vigo, dirigido por el socialista Abel Caballero. En cualquier caso, Martín ha rechazado que el Gobierno autonómico "polemice" con los municipios y ha puntualizado que es el Ayuntamiento vigués el que "polemiza" con la Xunta.