El juicio por el secuestro que hace seis años sufrió el arousano Román Santiago Allo se ha saldado este martes con acuerdo entre las partes en la Audiencia Provincial de Pontevedra tras reconocer tres acusados que secuestraron, torturaron y retuvieron a este exedil del PP en A Illa de Arousa.

De este modo, en la vista hubo una notable reducción en los 57 años de cárcel que inicialmente solicitaba el Ministerio Fiscal debido a la dilación indebida, la confesión de los acusados y la circunstancia de que al haber muerto la víctima.

Román Santiago, copropietario de la factoría de marisco Cholamar, falleció meses después del secuestro tras ser alcanzada la moto que pilotaba en la zona de Barrantes en Ribadumia por un vehículo Renault Megane que salía de un estacionamiento.

El joven empresario, que dejó un hijo de corta edad, había sido edil del PP en el Ayuntamiento de A Illa de Arousa y presidente de Nuevas Generaciones de la formación popular.

La dilación indebida, la muerte de una de las víctimas y la confesión de los acusados variaron sustancialmente el escenario del proceso, lo que llevó a una aproximación de las partes que condujo al fiscal a retirar la acusación contra la única mujer procesada, Clara R.Q., al no quedar clara su complicidad en los hechos.

Los otros tres acusados, Manuel Oubiña Otero, Antonio Manuel Rivas Gey y su hermano Rafael Rivas Gey reconocieron que secuestraron, torturaron y retuvieron durante casi 48 horas al empresario de A Illa, a quien reclamaban el pago de una deuda relacionada con el narcotráfico.

Golpes y descargas

Según indicaron, lo soltaron cuando consiguieron 12.000 euros que les entregó el hermano de la víctima, Bruno S., quien reunió el dinero después de que los secuestradores "lo convencieron" a base de golpes y alguna que otra descarga eléctrica en los genitales.

Manuel Oubiña, Rafael Rivas y su hermano Antonio Manuel aceptaron penas que no pasan de los dos años de prisión por secuestro, que es la acusación más grave. Además, conjunta y solidariamente tendrán que asumir indemnizaciones que suman 60.000 euros, y devolver los 12.000 euros cobrados por el rescate.