La Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han denunciado que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional ha denegado a un alumno sordo de Ciclo Formativo de Grado Medio, Ignacio Portilla, el derecho a contar con el apoyo de un intérprete de lengua de signos durante las clases.

El joven está matriculado en un ciclo de Sistemas microinformáticos y Redes y solicitó el apoyo de un intérprete para responder al nivel exigido en el ciclo, que para el alumnado sordo presenta la dificultad añadida de tener que desenvolverse con un amplio rango de términos en inglés, según señalan FESCAN y CNSE en un comunicado.

"Sin intérpretes no puedo seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros", comenta el afectado al respecto.

Sin embargo, la Consejería ha tomado la decisión de "negarle el servicio de interpretación sin tener en consideración los derechos del estudiante" y alegando que "este lenguaje -(la lengua de signos española)- no es la vía adecuada para este alumno al tratarse de una vía ya superada por él, que además no es conocida por el común de la población".

La Federación de Sordos y la Asociación cántabra recuerdan al respecto que el reconocimiento de las lenguas de signos en materia educativa y el derecho de las personas sordas a recibir una educación sin barreras están recogidos por varias normativas.

Entre otras, por la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24); o por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que en sus artículos 71 y 74 establece que las administraciones educativas dispondrán de los recursos necesarios para garantizar el desarrollo a todos los niveles del alumnado bajo criterios de normalización e inclusión que no sean discriminatorios.

Por ello creen que la decisión de la Consejería de Educación de Cantabria no sólo "fomenta la exclusión social y las barreras comunicativas", sino que además "no cumple con la normativa vigente".

Por este motivo, Portilla ha recurrido a la vía legal para que la Consejería reconozca sus derechos y el de otros posibles casos como el suyo en la Comunidad. VULNERACIÓN

Por todo ello, CNSE y FESCAN han calificado esta actuación como una "vulneración" a los derechos de las personas sordas y exigen a la administración educativa que "rectifique" su postura.

Asimismo, ambas entidades han recordado que los servicios de intérpretes de lengua de signos deben prestarse de manera "universal y gratuita" y que, por tanto, negar a un alumno sordo este servicio, no sólo impide su acceso a la enseñanza, sino que infringe leyes como la de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Estatuto del Estudiante Universitario o la Ley que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación en España y la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad.