El Ayuntamiento de Santander eliminó, a lo largo de 2011, cerca de 15.000 metros cuadrados de pintadas en fachadas de edificios y en el mobiliario urbano de numerosas calles de la ciudad, según ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, María Tejerina.

La edil ha recordado en un comunicado que esta actuación se enmarca dentro del Plan de choque de eliminación de pintadas del equipo de gobierno del Consistorio santanderino, que tiene como objetivo de acabar con esta práctica "incívica".

En este sentido, hizo hincapié en que estas acciones, aunque son realizadas "por unos pocos", afectan a "todos" los vecinos del municipio y, sobre todo, tienen un "elevado coste" para las arcas municipales.

La edil explicó que fue durante el tercer trimestre del pasado año, entre los meses de julio y septiembre, en el que se suprimió el mayor porcentaje de pintadas, 5.781 metros cuadros, seguido del cuarto trimestre (3.635 metros cuadrados), del segundo trimestre (2.832 metros cuadrados) y del primer trimestre (2.692 metros cuadrados).

En cuanto a las técnicas empleadas para la eliminación de las pintadas, Tejerina destacó el chorreo por succión en seco, la aplicación de un chorro constante de arena húmeda a alta presión, que se utiliza superficies como piedra, ladrillo cemento, o de agua a alta temperatura para limpiar materiales blandos como plástico.

"Un año más, la colaboración ciudadana fue fundamental para la eliminación de las pintadas de fachadas, mobiliario público y otros elementos, ya que gracias a las denuncias de particulares y comunidades el servicio actúa con rapidez y eficacia", afirmó la edil.

Otras actuaciones

La concejala de Medio Ambiente señaló que, de forma complementaria, la Policía Local está intensificando sus actuaciones para contribuir a acabar con esta práctica.

Con este objetivo, según dijo, puso en marcha una base de datos de pintadas para que, a través de una prueba grafológica, se pueda llegar a identificar a los autores de la misma.

Tejerina también se refirió al acuerdo suscrito entre el Consistorio santanderino y la Fiscalía de Menores para la puesta en marcha de un programa educativo que persigue que los menores —más del 60 por ciento de los infractores lo son—, reparen el daño causado con trabajos voluntarios.