La Fiscalía de Málaga ha retirado este viernes la acusación que venía sosteniendo por un delito contra la ordenación del territorio contra cinco exconcejales de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno y contra la actual alcaldesa, Pilar Ortiz (PSOE); mientras que ha mantenido la acusación contra el que fuera regidor de dicho municipio de la comarca de la Axarquía José Manuel Aranda, por este mismo tipo delictivo.

Al inicio de la vista, la fiscal ha informado de la retirada de la acusación respecto de seis procesados, al entender que en el hecho que sustentaba la imputación, la aprobación de un proyecto de actuación, era dudosa la existencia del dolo que requiere este delito. Tras esto, el magistrado ha comunicado a los acusados la absolución y la continuación de la vista oral respecto del exregidor. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Los hechos se remontan a septiembre de 2005 cuando un particular solicitó licencia para una vivienda unifamiliar en la zona conocida como La Machera de Canillas de Aceituno, suelo clasificado, según la normativa urbanística vigente en el municipio, como no urbanizable, por lo que era preciso aprobar previamente un proyecto de actuación. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía emitió informe "en sentido negativo".

Asimismo, según la Fiscalía, en diciembre de 2005, el arquitecto municipal emitió informe negativo por la "incompatibilidad" de la vivienda proyectada con la clase de suelo y "en los mismos términos formuló informe la secretaria del Ayuntamiento". En septiembre de 2006, el exregidor dictó "de forma torcida y contraria a la reglamentación urbanística vigente en el municipio", un decreto otorgando la licencia.

Aranda ha declarado que la secretaria municipal, "que era la que conocía la ley", se encargaba de completar y tramitar los expedientes urbanísticos y cuando estaban completos se llevaban a pleno. Ha dicho que tenía entendido que los informes que emitía la administración andaluza "eran preceptivos, pero no vinculantes", precisando que "en Málaga, el 99 por ciento de los informes de la Junta son desfavorables".

Ha explicado que en este caso por parte de la Junta de Andalucía se solicitaron documentos que se mandaron en el momento en el que fueron requeridos, considerando que "hemos cumplido con la ley". Respecto a la licencia que concedió, ha señalado que la dio porque "estaba todo correcto" y ha insistido en que ni el arquitecto técnico ni la secretaria le advirtieron de ilegalidad alguna, apuntando que confiaba en estos profesionales.

"Si yo hubiera sabido esto, no firmo ni una licencia", ha incidido el exregidor de Canillas de Aceituno, quien ha asegurado que parte del conocimiento que tiene ahora sobre urbanismo es por la problemática que surgió con la interpretación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero ha insistido en que al principio de su aplicación eran los técnicos quienes "informaban" al respecto.

Aranda, que dejó su cargo tras ser condenado por la Audiencia por delito urbanístico, se enfrentaba antes del comienzo del juicio a una petición fiscal de cuatro años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 42.000 euros, por dos delitos urbanísticos. La defensa del exregidor, Jesús Marín, ha indicado que la Fiscalía "en su informe, ha expresado que había un error en la calificación al solicitar multa y prisión y sus dudas en perseguir dos delitos por un acto".