El juez instructor del caso que investiga las subvenciones presuntamente irregulares otorgadas por el Consell a asociaciones afines a UM ha levantado el secreto de una pieza de la causa que indaga si la Institución Insular pagó, a propuesta de la exconsellera insular de Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, la defensa de dos excolaboradoras suyas, Magdalena Burguera y Magdalena Rigo, junto a quienes se encuentra imputada en este procedimiento judicial.

Todas ellas han comparecido este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 1, donde Mulet ha sido interrogada en torno a estos hechos mientras que Burguera y Rigo, responsables de la Asociación de Actividades Socioculturales, se han acogido a su derecho de no declarar. También ha prestado declaración el presidente de la Asociación Agrícola y Ganadera For a Vila, Miguel Artigues.

Ha sido con motivo de estas comparecencias cuando el magistrado Juan Catany les ha informado del levantamiento del secreto, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que las investigaciones de esta pieza se derivan de las confesiones que realizó dentro de la causa el excontable de UM y exresponsable económico del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Álvaro Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores.

En su declaración, Mulet, al serle exhibidas las facturas relativas al pago de la defensa de Burguera y Rigo, ha asegurado que fueron abonadas por la extinta formación nacionalista y no por el Consell a fin de que pudieran "pagar la minuta del abogado", puesto que "no tenían en esos momentos recursos económicos".

Las comparecencias han tenido lugar más de un año después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma acordase reabrir parte de la causa, que había sido sobreseida, en abril de 2008, por el juez Pedro Barceló -quien próximamente estará al frente del Juzgado de Instrucción número 2, en el que se instruyen numerosas causas de presunta corrupción relacionadas con UM-.

De esta forma, volvieron a tener la condición de imputados en el marco de este procedimiento un total de 12 personas, entre las que se encuentra Mulet. El tribunal estimó así de forma parcial el recurso que interpusieron la Fiscalía y la acusación particular, en representación del PP, contra el auto que decretaba el sobreseimiento de la causa por considerar que no quedaba acreditada la comisión de un delito contra la hacienda pública.