El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, recibirá por primera vez el próximo 10 de febrero a varias asociaciones de familiares afectados por las tramas de niños robados, que le transmitirán la necesidad de que se facilite la apertura de archivos y que las sustracciones no prescriban con la finalidad de agotar las investigaciones.

El 'número dos' de Justicia se reunirá en la sede de su Ministerio con representantes de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), de SOS Bebés Robados Madrid, de la Asociación Bebés Robados Andalucía (ABEROA) y de la Plataforma Grupo de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa Niños Robados, según han informado a Europa Press desde este departamento.

Será la primera toma de contacto que las asociaciones mantengan con Justicia tras el cambio de Gobierno. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya se comprometió ante el Parlamento a prestar "especial atención" y "ayuda" a los afectados.

Desde SOS Bebés Robados Madrid, Carmen Torres ha subrayado que su asociación denunciará el "archivo masivo" de las denuncias y que éstas diligencias se reabran. Además, ha propuesto la creación de un equipo de investigación dedicado a este asunto que dependería de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Podría ser un equipo de Policía Judicial", ha añadido.

De igual modo, la organización censura el difícil acceso que tienen los afectados a la información que obra en los archivos eclesiásticos u hospitalarios. "Queremos que no haya tanto ocultismo y los afectados puedan pedir su documentación sin vulnerar la Ley de Protección de Datos", ha señalado a Europa Press.

La coordinadora de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España, Mar Soriano, acudirá al encuentro acompañada del abogado argentino especializado en derechos humanos Carlos Slepoy y del letrado que colabora habitualmente con su asociación Fernando Magán.

Detenciones ilegales o crímenes contra la humanidad

Soriano pondrá sobre la mesa los casos que han culminado con reencuentros con 'niños robados', muchas veces dependiendo de la "voluntariedad" que ofrezcan las funcionarios que tienen acceso a los archivos.

"Para la gran mayoría la prioridad es la lectura y la apertura de archivos sobre nacimientos y defunciones", ha indicado Soriano, para demandar que los órganos judiciales "no prioricen la realización de pruebas de ADN" ya que estos análisis genéticos no siempre son posibles.

Las víctimas piden que una funcionaria les acompañe a los archivos y de lectura de los registros para poder conocer sus orígenes, lo cual, dice, no incumpliría las limitaciones impuestas en la Ley de Protección de Datos. "Iríamos acompañados de un funcionario y sería éste el que hiciera lectura o verifique mediante un juez o un notario los datos. Después se podría cotejar esta información con las pruebas de ADN", ha sugerido.

La coordinadora de este colectivo también ha exigido que las sustracciones no prescriban y sean consideradas como un delito de detención ilegal o como un crimen contra la humanidad para agotar las investigaciones. "Muchos casos están saliendo en todo el territorio nacional y no se tomaron las medidas oportunas por lo que los crímenes fueron impunes y supusieron un delito contra los derechos y la dignidad de los seres humanos", ha añadido.

Las familias entregaron hace unos días cerca de 90.000 firmas a la Fiscalía General del Estado para denunciar el archivo de sus demandas y reclamar el impulso de las investigaciones. Según dijeron, el Ministerio Público ha recibido cerca de 1.072 denuncias relativas a las tramas del tráfico de niños, de las cuales 296 —el 30 por ciento— han sido sobreseídas.