El PSC-PSOE ha denunciado el "tinte ultraconservador" del Gobierno del Partido popular que preside Mariano Rajoy, del que ha criticado sus "recortes" de los derechos y libertades de las mujeres, a los que ha anunciado que "se opondrá frontalmente".

En concreto se ha referido a la "pretensión" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una norma "respetuosa", según el PSC, con "el sentir de las mujeres y sus necesidades" y que "ha demostrado su utilidad con una progresiva disminución de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo".

La diputada socialista Ana Isabel Méndez señala en un comunicado que "no admite el engaño al que el PP pretende someter a la ciudadanía, escudándose en la falta de consenso social" de dicha ley, porque la misma fue fruto de "un amplio consenso social", dado que, precisa, "más del 80% de españoles" de todo el espectro ideológico apoyan el aborto,. así como parlamentario, y fue, además, elaborada a partir de las conclusiones y recomendaciones de "una larga lista" de expertos en el tema.

Méndez defiende que fue, además, una ley cuya propuesta inicial sufrió varias modificaciones por consenso parlamentario y por los cambios sugeridos en el informe favorable que emitió el Consejo de Estado (el Consejo General del Poder judicial "fue incapaz" de emitir informe en ningún sentido dada la división de posiciones en su seno, puntualiza).

Constitucionalidad de la norma

Según la diputada, Gallardón "tendrá que dar explicaciones" a las mujeres sobre sus "excesivas prisas" por reformar la ley, antes incluso de que haya una sentencia al recurso de inconstitucionalidad que el PP planteó contra la misma.

Y tendrá igualmente que "dar explicaciones", añade, de "por qué las españolas tenemos que ver coartados nuestros derechos por cuestiones meramente ideológicas personales del ministro y por lo que parece más una tradición familiar en su oposición a este derecho". recuerda al respecto que el padre del ministro, José María Ruiz Gallardón, ya recurrió la ley de interrupción del embarazo en 1985".

De hecho, afirma la diputada, la anterior Ley de plazos fue avalada en su día por una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que, en el caso de que la defensa del embrión entrara en conflicto con los intereses y derechos de la madre, prevalecía el derecho de ésta a decidir, dentro de los supuestos contemplados en la ley.

Este es también el motivo por el que, a juicio de Méndez, "no se entienden las mentiras argüidas" por Gallardón al tratar de "excusar" el que "será un claro recorte de derechos para las mujeres" en una "pretendida adecuación" a la sentencia del TC de 1985, ya que la nueva ley que entró en vigor en 2010, y que el PP tiene también recurrida ante el Constitucional, "es ya respetuosa con dicha sentencia".

A juicio del PSOE, "no cabe duda" de que esta ley ha sido un avance a favor de los derechos de las mujeres porque, de hecho, uno de los supuestos que la ley anterior contemplaba era el riesgo psicológico para la madre, criterio que finalmente se convirtió en el supuesto más utilizado por las mujeres españolas- más del 95% de las más de 100.000 interrupciones del embarazo que se realizaron cada año en España".

"Pero al mismo tiempo era un supuesto que provocaba una gran inseguridad a las mujeres y a los profesionales, lo que movió al Gobierno de Zapatero a modificar la ley anterior con la finalidad de clarificar la situación", aclara.

Según Méndez, "no le va a valer tampoco al PP argumentar un incremento en las cifras porque el número de abortos se ha mantenido estable en España tras la última reforma, con una tendencia al descenso desde 2009".

El PSOE, por tanto, exige al PP que "espere" al pronunciamiento de dicha sentencia pendiente y que "aparque" sus prejuicios ideológicos y sus compromisos con instituciones de carácter religioso y con los sectores más conservadores de su partido que "niegan" a las mujeres un derecho que fue reconocido por primera vez en esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva que ahora se pretende modificar.

Denuncia además que se utilice el hecho de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres, como "un reclamo social contra la ley y un nuevo engaño". Méndez sostiene que "lo que establece la norma es coherente con el resto de legislación que afecta a las mujeres de estas edades en España y recordó que la propia ley exige que se informe a los progenitores salvo en casos de amenazas, coacciones, violencia o desamparo hacia la menor".

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