El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha decretado, por segunda vez, el archivo de la causa incoada contra el alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos a cuenta de una operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad, según ha informado a Europa Press Manuel Salinero, el abogado que ha representado los intereses del primer edil.

La causa fue ya inicialmente archivada mediante un auto emitido el 9 de octubre de 2009 por el propio juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor, si bien un posterior recurso del PSOE motivó que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial revocase dicho auto y ordenase la reapertura de las diligencias, ahora nuevamente sobreseídas. Todo parte de una denuncia promovida en el anterior mandato por Matilde Marín, entonces portavoz del Grupo socialista. Según la denuncia, una "ampliación" de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas y durante la tramitación del proyecto el alcalde, según el PSOE, no se había abstenido de votar.

La denuncia

En la denuncia, recogida por Europa Press, la entonces portavoz socialista relataba que entre 1999 y 2002, diversos vecinos de la urbanización La Juliana solicitaron sin éxito la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que lindaban con sus viviendas al objeto de ampliarlas, pero "el Ayuntamiento se negó en todo momento". El propio alcalde, no obstante, era uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización ahora bautizada como 'Capitán General Gutiérrez Mellado'.

Pese a que el Ayuntamiento esgrimía las normas urbanísticas para tal denegación, según figuraba en la denuncia, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora 'Acimentar SL' en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaron 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 "vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones", finca que fue finalmente "vendida" por Acimentar al propio alcalde por 39.065,79 euros.

El PSOE entendía, así que el alcalde tenía "un interés directo" en la aprobación de los proyectos reformados entregados por 'Acimentar SL' al Ayuntamiento, aunque el juzgado mixto número uno de Sanlúcar archivó diligencias después de que Salado declarase como imputado el 3 de julio de 2009.