El Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la Xunta la "liquidación" del Consorcio Galegos de Servizos de Igualdade e Benestar por entender que no está cumpliendo con los objetivos para los que fue creado y reclamará que sus presupuestos se transfieran a los ayuntamientos, a fin de que éstos puedan prestar los servicios sociales municipales. De lo contrario, las localidades regidas por el PSdeG abandonarán este órgano.

Lo ha anunciado, en rueda de prensa, la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista, Beatriz Sestayo, quien ha precisado que esta decisión se tomó tras una reunión con los representantes locales del PSdeG una vez conocidas decisiones del Gobierno gallego como la de "privatizar" varias escuelas infantiles.

Por ello, reclamará en el pleno de la Cámara gallega la "liquidación" de "un instrumento opaco al servicio" de la Xunta, que está haciendo de él "un uso perverso". En el texto de su iniciativa parlamentaria, la socialista denuncia que "en manos populares", el Consorcio hace "un reparto injusto de los recursos", de modo que lo ve "absolutamente inservible para las políticas sociales".

En caso de que la proposición no de ley sea rechazada por la mayoría del PP en el Pazo do Hórreo, los ayuntamientos gobernados por los socialistas abandonarán este órgano. En el caso de aquellos municipios donde los socialistas estén en la oposición, según ha asegurado Sestayo, reclamarán en los plenos locales la salida del Consorcio.

La política social,

"en el corredor de la muerte"

En una comparecencia cargada de críticas a la "clara voluntad" del Gobierno Feijóo de "abandonar a los colectivos en situación de vulnerabilidad", la diputada socialista ha alertado de que "el último tramo" de las políticas sociales está "en el corredor de la muerte".

Ello, porque la Xunta ha desistido de poner en marcha "políticas correctoras de las injusticias sociales" mientras "intenta convertir en negocio privado aquellos servicios públicos que pueden lucrar a algunas empresas".

"No vamos a permitir que las políticas sociales municipales mueran, porque significaría que miles de gallegos queden en extrema situación de pobreza y vulnerabilidad", ha aseverado, consciente de que "si los ayuntamientos no atienden a esas personas, la Xunta no lo va a hacer".

Cobro de servicios sanitarios

Dicho esto, Sestayo ha hecho hincapié en que la Xunta está preparando "a espaldas del Parlamento", un decreto que supone "una privatización por la puerta de atrás" de la dependencia a través de una subida de tarifas y del cobro de prestaciones que "no pueden ser cobradas".

Se ha referido así a las actividades de prevención de la autonomía personal, enmarcadas en el ámbito "sanitario y sociosanitario" y que, por lo tanto, se prestan "en centros de salud y centros sociosanitarios". "Están abriendo la puerta a cobrar por prestaciones sanitarias", ha alertado, convencida de que es algo "muy peligroso".

Además, ha recordado que el ajuste de las tarifas a los ingresos ya está incluido dentro de la propia Ley de Dependencia, de modo que ha advertido de que la actual Xunta, al igual que "otras comunidades del PP", pretende "actualizar las tarifas a lo que piden las empresas" para "obtener más rentabilidad y lucro". "Lucharemos contra eso", ha dejado claro.

Además, ha presentado una iniciativa para reclamar al Gobierno gallego que ponga en funcionamiento las plataformas tecnológicas para que los servicios municipales puedan "hacer seguimiento" de los expedientes de dependencia y que ponga "las medidas urgentes necesarias" para que las resoluciones de dependencia "se cumplan en los términos y plazos previstos" en la ley.

Privatización de escuelas infantiles

A renglón seguido, se ha centrado en la "privatización" de escuelas infantiles también durante "las vacaciones parlamentarias" —el mes de enero es inhábil en la Cámara gallega—.

Tras explicar que estos centros nacieron de convenios entre la Xunta y los ayuntamientos y que éstos sufragan el 30 por ciento de su coste a través de servicios de mantenimiento, como limpieza y cuidado de jardines, ha censurado que el Gobierno gallego decida ahora "unilateralmente privatizarlas". "Y pretenden que los ayuntamientos sigan pagando ese 30 por ciento, pero en 'cash', no en servicios municipales", ha criticado.

"Queremos que se mantenga la gestión pública de las escuelas infantiles y lucharemos para que se consiga", ha enfatizado Beatriz Sestayo para remarcar la "clara oposición" de su partido a que el Ejecutivo autonómico tome decisiones "unilaterales" que se "entrometen en el ámbito de decisión local".

Con este objetivo también ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que reprueba "la falta de escrúpulos" de los actuales dirigentes de la Xunta y su política "errática", dado el cambio de nombre de las 'galescolas' a 'galiñas azuis' con "el consiguiente gasto en cambio de carteles y material" y el posterior "culebrón" sobre "el traspaso o no de las escuelas infantiles" a la Consellería de Educación.