El diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón, ha calificado de "gravísimos" los últimos datos del paro en la provincia y ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser "un pirómano que se mete a bombero", ya que "con sus políticas está contribuyendo a aumentar el desempleo y, por tanto, la recesión".

Partiendo de la base de que la falta de empleo y vivienda son los problemas que más interesan al ciudadano, Izquierda Unida ha promovido en el Congreso iniciativas relacionadas directamente con ello, según ha señalado este lunes en rueda de prensa Garzón.

"La situación es dramática, ya que en Málaga se destruye una media diaria de 150 empleos, mientras que el Gobierno practica políticas de recortes que nos llevarán a más paro", ha advertido, añadiendo que "este temor a la inversión pública nos llevará a mayor crisis y a un escenario de regresión social".

Garzón ha incidido, además, en que se trata de "verdaderos dramas", puesto que "hablamos de que en más de 78.000 hogares no hay ningún miembro trabajando; eso crea frustración y falta de esperanza, y es indignante". PROPUESTAS

Entre las propuestas de Izquierda Unida para luchar contra todo esto, se encuentran mayor protección, incrementando recursos destinados a los parados y medidas para garantizar el derecho a la vivienda para desempleados y personas afectadas por la crisis.

"Es escandaloso que en España haya un 20 por ciento de viviendas vacías y en Málaga se estén ejecutando una media de 11 desahucios al día", ha opinado el diputado de la coalición de izquierdas.

Garzón ha hecho hincapié en que hay bancos rescatados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), siendo "por tanto públicos", que "cuentan con un gran número de viviendas en stock". Por ello, IU ha pedido al Gobierno que sean destinadas a "alquileres muy baratos".

"Tenemos que intentar solucionar el problema de la vivienda, y eso no se hace como lo está haciendo el Gobierno, que en última instancia es una ayuda a los bancos", ha afirmado Garzón.

Otras iniciativas del diputado malagueño destinadas a luchar contra la crisis están relacionadas con la obtención de fondos públicos y, entre ellas, la lucha contra el fraude fiscal. Así, ha reclamado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que recoja la propuesta de los inspectores de Hacienda que establecen en 1.000 euros el límite para pago directos, lo que permitiría recaudar más de 26.000 millones.

También ha demandado al Gobierno que "predique con el ejemplo" a la hora de hablar de lucha contra los paraísos fiscales y renuncie a que España lo sea con el uso de las empresas de tenencia de valores extranjeros.

Según ha dicho, "esta situación permite que empresas extranjeras como Google o Vodafone puedan tener más de cinco millones de euros de beneficios asociados a una sola persona y, además, están exentos de pagar impuestos".

Planta hotelera

Por su parte, el coordinador de IU en Málaga y parlamentario andaluz, José Antonio Castro, ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el empleo en la planta hotelera andaluza en general y malagueña en particular.

Ha recordado que en los años 2009 y 2010 se destruyeron 4.140 empleos y en el primer trimestre del año pasado un total de 502. A partir del segundo trimestre, ha añadido, "se observa un leve repunte, pero a un ritmo inferior a otros indicadores relacionados con el turismo, como la estancia, las pernoctaciones, etcétera".

Castro ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de acabar con la apuesta del turismo senior europeo: "esa decisión la toma el Gobierno mientras se sigue cerrando planta hotelera en la provincia, siendo el hotel Incosol el ejemplo más reciente". "Cada vez que cierra un hotel, cierra un pedazo de Málaga", ha alertado.

El representante de la coalición en la provincia ha incidido en la importancia del turismo estacional y del cierre de hoteles en esta época. De esta forma, en 2009 el 20 por ciento de las plazas hoteleras que cerraban en invierno era del 20 por ciento, mientras que en 2011 esa cifra fue del 40 por ciento. "La Administración debe hacer valer su papel para intentar frenar esta sangría", ha concluido.