El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Medidas Complementarias al Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos en la que pide que las retribuciones íntegras mensuales de los funcionarios públicos con jornada completa no bajen en ningún caso de los 1.192 euros.

Así lo ha destacado, en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, quien —acompañado por la parlamentaria María José Agudo— ha señalado que esta medida se aplicará tanto al personal funcionarial como al estatutario, con el objetivo de que "el sacrificio que se les está solicitando tuviese un límite por la parte baja".

Además, los 'populares' —en las 15 enmiendas que han presentado al texto— solicitan la eliminación de los complementos de productividad "fuera de aquellos sectores muy específicos" que lo tienen establecido legalmente, como el caso de los servicios de emergencias.

Igualmente, han enmendado el texto para que se derogue la Ley que creó el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), en lo que Cañizares ha definido como un paso más al que ha dado el Gobierno con la supresión de este organismo. "El PP da un paso más allá rematando el tema", porque "no pueden generarse administraciones paralelas que sirven para dar cobijo a miembros del PSOE", ha dicho.

Agudo, por su lado, ha detallado que las enmiendas del PP a esta ley no modifican el texto sino que lo refuerzan, de tal manera que las 15 enmiendas se han repartido en cuatro grupos que abordan la entrada en vigor del texto, la eliminación de las productividades para los funcionarios públicos, la del SEPECAM y el sueldo mínimo de los funcionarios. "Nos acordamos de los que más lo necesitan y quienes lo están pasando peor", ha dicho la diputada para justificar estas "medidas de austeridad".

Disparate político

En cuanto a las enmiendas que ha presentado el PSOE, el portavoz del PP las ha calificado como un "disparate político en toda su extensión" que evidencian "la falta de liderazgo" en la que está sumido ahora el partido, por lo que resultará "complicado" compartirlas en su mayoría.

Su contenido, ha dicho Cañizares, supone "perpetuar situaciones difícilmente sostenibles o modificar el coste de determinados servicios, algo que ha rechazado el parlamentario 'popular', que ha reconocido, no obstante, que sí puede haber algún "acuerdo" con los socialistas en lo que se refiere a la entrada en vigor de la ley, teniendo en cuenta que el 1 de enero "no va a ser posible".