La familia de la niña asesinada en Arriate celebra una posible reforma de la Ley del Menor

La familia de María Esther, la niña de 13 años que fue asesinada en enero del pasado año en la localidad malagueña de Arriate a manos de un menor, ha celebrado este jueves la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de emprender una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

La familia de María Esther, la niña de 13 años que fue asesinada en enero del pasado año en la localidad malagueña de Arriate a manos de un menor, ha celebrado este jueves la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de emprender una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Con esta modificación, que fue anunciada este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso, se posibilitaría enjuiciar conjuntamente a adultos y menores, en el caso de que se trate de un delito grave.

A juicio del padre de la víctima, Juan Isidoro Jiménez, esto "es lo que se tendría que haber hecho antes, no ahora", dado que, de esa forma, "se hubieran evitado más asesinatos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Por tanto, desde el entorno de la niña "celebran ese anuncio", aunque el progenitor ha puntualizado que "esperan que sea cierto, que no sea como cuando tapan un bache en la carretera".

Jiménez ha recordado que "esa reforma se pidió hace muchísismos años"; de modo que, de haberse aplicado en el juicio de María Esther, el joven acusado de la muerte de la pequeña, que según distintas fuentes ya es mayor de edad, "se hubiese condenado a más tiempo", ha señalado.

En concreto, la pena asciende a ocho años de internamiento cerrado y cinco de libertad vigilada, incidiendo en el sometimiento a programas de tipo formativo-profesional y trabajo a nivel de autoestima, empatía y autocontrol. Además, se fijó una indemnización para la familia de 220.000 euros.

Sin embargo, el Juzgado de Menores número 1 de Málaga denegó que comezara a cumplir la pena en régimen cerrado, mantiéndose la medida de convivencia en grupo educativo, es decir, en un piso tutelado.

Por su parte, la Fiscalía de Menores y la acusación particular, personada en representación de la familia de la víctima, solicitaron que el joven comenzara a cumplir la mitad de la pena interpuesta en un centro en régimen cerrado, analógicamente a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), de aplicación supletoria con carácter general.

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