Los perceptores de la renta de integración social de Galicia (Risga) —que pasará a denominarse renta de inclusión social— podrán seguir percibiéndola, en cuantías decrecientes, durante los seis primeros meses desde que encuentren un empleo, cuando este sea esporádico o de baja cuantía.

Esta modificación está incluida en el anteproyecto de ley de inclusión social de Galicia, cuyo texto es uno de los 14 nuevos acuerdos del diálogo social firmados este miércoles. El objetivo de la Xunta es eliminar las "disfunciones" que se detectaron en el sistema actual, como la "cronificación" de la situación de exclusión social por las sucesivas prórrogas de la ayuda.

Esta nueva Risga distinguirá tres tramos de ayudas —el personal y familiar, el de inserción y el de transición al empleo—, con el fin de que la prestación sea "flexible y modular". El primero de ellos garantiza una cuantía mínima para las necesidades básicas de las personas que es anual y prorrogable. Hasta el momento, explica la Consellería de Traballo e Benestar, el plazo máximo eran cuatro años, pero este límite se elimina.

La prestación se amplía en los casos de que haya personas mayores o menores de edad en la unidad familiar. La ayuda se vincula a un acuerdo de integración socioeducativa de dichos menores.

En el tramo de inserción, el beneficiario de la Risga recibe una cantidad mayor a la del tramo básico para "estimular el acceso a un empleo". Se trata de que la persona que recibe la ayuda cumpla un itinerario orientado a su mejor inserción laboral, mediante actividades formativas. El plazo es de doce meses, prorrogable seis más.

Por último, el tercer tramo hace compatibles la percepción de la Risga y las rentas del trabajo, cuando este sea esporádico o de escasa cuantía. Traballo e Benestar señala que actualmente, cuando se accedía a empleos con ingresos inferiores a la prestación, se descontaban tales ingresos.

Con la nueva norma, se mantiene la Risga, hasta un límite —la renta y los ingresos por trabajo no pueden superar el 135% del salario mínimo interprofesional— y se va reduciendo progresivamente durante los primeros seis meses, hasta que deja de percibirse. En la práctica, argumenta el Gobierno gallego, "se penalizaba" la realización de trabajos eventuales o de acciones formativas, pues la ayuda se suspendía entretanto.

Otros aspectos de la ley

La futura ley de inclusión social —aún debe pasar el trámite del Consello Consultivo— pretende adaptar la normativa gallega a las directrices europeas. Además de la modificación de la Risga, buscará reforzar las sinergias entre el área de inclusión social y de empleo, de forma que se cree un itinerario de inserción "único y coherente".

Reconocerá dos derechos subjetivos: el derecho a un mínimo vital y el de participación en itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y financiados.

Incentivos a la contratación

Otro de los acuerdos del diálogo social se refiere a las actuaciones en materia de empleo en 2012. En este sentido, se pondrán en marcha dos programas "pioneros" de incentivos a las empresas para fomentar la contratación de jóvenes y de colectivos de difícil inserción.

El primero de ellos —denominado Forcon, formación y contratación— se dirige a jóvenes sin cualificación y combina formación en centros integrados con un contrato labora posterior de un mínimo de seis meses.

El segundo —Emporfor, empleo, orientación y formación— está orientado a parados de larga duración, perceptores de Risga, desempleados que agotaron sus prestaciones o mayores de 45 años y consiste en un contrato del 70% de la jornada, en el que el beneficiario completa el 30% restante con actuaciones de mejora de su empleabilidad realizadas por el servicio de empleo de Galicia.

Además, se fijan cuatro programas para el fomento de la contratación indefinida inicial; para la contratación indefinida inicial a tiempo parcial, para la transformación de contratos temporales en indefinidos y para contratación temporal de colectivos en riesgo de exclusión.

Otros acuerdos

Dentro de la ley de inclusión, se regulará el sello distintivo de "empresa inclusiva", que reconocerá la colaboración de determinadas empresas en ese ámbito. Asimismo, entre los últimos acuerdos cerrados en el diálogo social figura la ley de participación institucional, para dar entrada a representantes de los agentes sociales, como los sindicatos o la patronal.

Asimismo, en el diálogo social se han pactado líneas básicas sobre planificación energética, en el sentido de dar seguridad al suministro y favorecer la eficiencia y el ahorro; y sobre la movilidad, con el fin de que sea sostenible y segura y favorezca la articulación del territorio.